El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo del año pasado en la que justifica el despido colectivo presentado por el Grupo Gallardo para las plantas de Ferromallas y Grupo Alfonso Gallardo (Extremadura) y para Corrugados Azpeitia y Corrugados Lasao (País Vasco) “porque las medidas tomadas se adecúan a la intensidad de las causas”.

Esta sentencia avala y da un espaldarazo a la gestión y a los sacrificios que, tanto el Grupo como la plantilla, no han tenido más remedio que realizar para salir de la crisis y es fruto del trabajo realizado por los asesores jurídicos del Grupo liderados por Pilar Menor del Despacho DLA Piper de Madrid.

El sector siderúrgico nacional, con una sobrecapacidad instalada, necesitaba llevar a cabo una serie de ajustes que sólo el Grupo Gallardo ha realizado y ha sabido gestionar, con mínimos recursos, de manera satisfactoria.

Estos ajustes le han permitido que vuelva al entorno de la rentabilidad con unos resultados operativos satisfactorios en el primer semestre de 2015, por encima de las expectativas marcadas.

El Grupo Gallardo lamenta que los empleos perdidos no puedan ser absorbidos por otros proyectos, grandes generadores de empleo en Extremadura y en España, como es el de Refinería Balboa que, de manera incomprensible, sigue en el limbo administrativo. Este proyecto evitaría la situación de “oligopolio” nacional denunciada por la Comisión Nacional para el Mercado y la Competencia (CNMC).

Grupo Gallardo Balboa es uno de los principales grupos industriales del sector siderometalúrgico nacional con una importante presencia en los mercados europeos e internacional y con plantas en Extremadura, Madrid, Asturias y País Vasco.