La Junta de Extremadura ha recibido hasta la fecha 2.571 solicitudes para acceder al plan estatal de ayuda al alquiler, según ha informado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la Comisión de Sanidad, Políticas sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura. Solicitudes que, recién finalizado el plazo de la convocatoria, dotada con 1,8 millones de euros, se encuentran en fase de valoración. Esta dotación es una ampliación lograda en las negociaciones con el Ministerio de Fomento.

La Consejería estima que podrían resolverse favorablemente 1.666 expedientes, que tendrían una ayuda de 1.080 euros durante seis meses estimando una media de 180 euros mensuales.

Vergeles ha reconocido que la pretensión de su departamento era que la ayuda fuese durante diez meses, pero “el retraso del presupuesto y el cierre del programa estatal en diciembre de 2016, nos han hecho que solo podamos comprometer 6 meses de ayudas”.

En ese sentido, el consejero ha reprochado a los grupos parlamentarios que devolvieron los presupuestos en diciembre pasado “que no reconozcan el error de no haberlos aprobado” y “alguna explicación tendrán que dar a los ciudadanos” ya que ese “retraso tiene un coste para los extremeños y extremeñas”.

Vergeles ha asegurado que la Junta de Extremadura se “toma en serio” el problema de la vivienda y emplazó a los grupos parlamentarios a las ayudas autonómicas para 2017. “Les emplazo a que hablemos de ayudas al alquiler cuando tengamos nuevos presupuestos y hayamos agotado los fondos estatales”, ha señalado.

En su comparecencia en la Asamblea, ha criticado que el plan estatal de ayudas al alquiler sea simétrico y no asimétrico, pues “no se reconoce la singularidad de Extremadura”. Ha explicado que no es lo mismo el acceso a la vivienda en la costa que en la región, como tampoco es comparable la situación de la vivienda pública en otras comunidades, ya que en Extremadura tenemos un parque de más de 13.000 viviendas sociales y queda recorrido para la VPO.

Asimismo, ha defendido el cambio presupuestario, legislativo y normativo que ha emprendido el ejecutivo “para resolver el desastre de las políticas de vivienda de estos últimos cuatro años”. Ha citado el consejero los cambios en el Plan de Rehabilitación y Vivienda (ayuda directa a la entrada, aminoración total del alquiler, impulso al sector de la construcción, etc), la paralización del cien por cien de los lanzamientos por desahucio que estaban en su primera fase o la intermediación bancaria “artesanal” que se ha venido realizando por no poder dotarse, durante la prórroga presupuestaria, de una Oficina de Intermediación Bancaria en el Instituto de Consumo.

Vergeles se ha referido además a las medidas sobre vivienda que se contemplan en el Proyecto de Ley de Medidas Extraordinarias Contra la Exclusión Social, que “no son por casualidad sino porque estamos reconociendo la situación en que se encuentra la comunidad”. Además, ha recordado que la política de vivienda está concertada con los agentes sociales y económicos.

“No estamos preparados para hacer milagros, pero sí estamos preparados para hacer bastantes cosas que están solucionando la vida de mucha gente”, ha sentenciado Vergeles.