El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, con una dotación económica de 1.424.996 euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, quien ha destacado que en esta convocatoria se “recupera” la cuantía que la Junta de Extremadura destinaba a esas ayudas en la anterior etapa del gobierno de Fernández Vara en la región (2007-2011), tras haber sufrido un recorte de un 46 por ciento en la del gobierno popular de José Antonio Monago (2011-2015).

De estas subvenciones, que suponen una bonificación del 50 por ciento del precio del billete por el servicio de transporte, se beneficiarán unas 80.000 personas de colectivos como los mayores de 60 años, perceptores de pensiones contributivas de incapacidad permanente o invalidez, de pensiones no contributivas por invalidez o de prestaciones por tener un hijo con discapacidad de al menos un 65 por ciento.

También se incluyen, entre otros colectivos, los titulares del carné Joven Europeo, las personas víctimas de violencia de género y las que pertenezcan a familias reconocidas oficialmente como numerosas.

Por otra parte, según explicó Gil Rosiña, la Junta de Extremadura trabaja ya en la elaboración de un nuevo decreto regulador de estas subvenciones que incluiría la petición de la Asamblea de Extremadura de que tres colectivos considerados como más vulnerables (mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración y vecinos de poblaciones con menos de 500 habitantes) puedan disponer de una bonificación del 100 por cien del precio del servicio.

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Por otra parte, en el área de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con varios ayuntamientos de la región para la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, dotado con 78.050 euros.

Los ayuntamientos con los que se firmará el convenio son Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita.

Se trata, ha explicado la portavoz, del último de los 77 convenios de colaboración que permitirán garantizar el acceso a los servicios sociales a todos los ciudadanos de la región, unos servicios que Gil Rosiña ha calificado como “la puerta de entrada” de las dificultades sociales y cuya atención corresponde a profesionales titulados en Trabajo Social.

En este sentido, la portavoz destacó el dato de que en la actualidad el número de estos trabajadores ha pasado de 235 a 284 (49 más en este año) lo que permite, ha añadido, acercarse a la ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.

Además, ha destacado el hecho de que la Junta de Extremadura haya recuperado la modalidad de convenio con los ayuntamientos en lo que respecta a la financiación de estos servicios (en la etapa anterior era mediante convocatoria de subvenciones) lo que ha permitido que la aportación de la Junta se eleve a un 99 por ciento de esa financiación (80 por ciento en la etapa anterior).

LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

También en el apartado de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Ejecutivo ha autorizado la licitación de los servicios de limpieza y otros complementarios en las áreas de salud de Cáceres, por una parte, y de Badajoz y Llerena-Zafra, por otro.

En el caso de los trabajos en el área de Salud de Cáceres, éstos contarán con un presupuesto de 9.698.773,13 euros, mientras que en el caso de las áreas de salud de Badajoz y Llerena-Zafra, será de 17.460.091,99 euros.

Estas licitaciones, aclaró Gil Rosiña, incorporarán las denominadas “cláusulas sociales”, una práctica que ya es habitual en todas las contrataciones que lleva a cabo la Administración regional y que permite que estos trabajos se hagan con todas las garantías.

Así, la portavoz señaló que con ello se pretende “dejar atrás aquella la modalidad en que lo que se ahorraba la Junta de Extremadura lo acababan pagando los ciudadanos, porque no se les daba un servicio de calidad, y los propios trabajadores, porque veían mermadas sus condiciones y derechos laborales”.

La portavoz insistió en la importancia de incorporar estas cláusulas por lo que suponen en cuanto al respeto al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores, y reiteró que no se trata sólo de “valorar el empleo que se crea sino la calidad del mismo” y de “devolver al trabajador la dignidad del trabajo”.

MEMORIA HISTÓRICA

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno es la autorización para la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura y con las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz para continuar con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y de la Dictadura en Extremadura, con una aportación de 79.000 euros por parte de la Administración regional.

Esta colaboración se viene prestando con el mismo objetivo, mediante convenios similares, desde el año 2003. El último, en el que no participó la Diputación de Cáceres, data del año 2014, según explicó la portavoz, si bien la institución cacereña se incorpora de nuevo al acuerdo autorizado hoy.

Por último, la portavoz ha informado de que el Ejecutivo ha tenido acceso a un informe presentado por la titular de Hacienda y Presupuestos sobre los trabajos realizados por el Observatorio para la Simplificación Administrativa durante el tercer trimestre del año.

La constitución de este órgano a comienzos de este año, señaló la portavoz, responde al compromiso de la Junta de Extremadura de avanzar en todo lo relacionado con la reducción de la carga burocrática de la Administración, una tarea en la que suponen una herramienta fundamental las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Gil Rosiña anunció la constitución de un grupo de trabajo que hará un análisis comparativo sobre la legislación de otras comunidades autónomas en esta materia con el fin de avanzar también en el compromiso de redactar una Ley de Impacto Burocrático en Extremadura.