Un año más, el pleno de la Diputación Provincial de Badajoz se suma al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y ratifica su firme compromiso  permanente de rechazo de la violencia de Género, al tiempo que reitera su obligación de trabajar hasta conseguir su erradicación. Los grupos políticos de la institución tenemos la convicción de que la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres debe ser un valor  y como tal defendido por la sociedad en su conjunto.

Más de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales. La violencia de género es una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo al ser considerada por sus agresores como personas carentes de los derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es una forma de terrorismo al que la ciudadanía debería responder y no permanecer impasibles. Es una terrible lacra social a la que todos hemos de hacer frente.

Los grupos que formamos la corporación provincial creemos y defendemos la igualdad entre mujeres y hombres como principio fundamental. Nuestro compromiso contra la violencia de género es firme.

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas. Es por ello, que desde aquí queremos reclamar un Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género, que debería estar permanentemente en la agenda política de los partidos políticos para llegar a ser una cuestión de Estado prioritaria.

Es tiempo de abordar con voluntad política y con decisión una respuesta firme de sociedad, partidos políticos e instituciones frente a la violencia machista. Es tiempo de soluciones. Es hora de trabajar en consolidar un gran Acuerdo contra la violencia de género que ofrecemos a todas las fuerzas políticas. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.

En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias y por objetivos, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.

Entendemos que es necesario crear un fondo específico de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la Mujer.

En segundo lugar, hay que dotar de recursos suficientes para garantizar la eficacia de la Administración de Justicia. Todos los estudios nos indican que las denuncias por violencia de género no aumentan. Apenas llegan al 30% por lo que el 70% queda impune. Hay que luchar contra esta impunidad para que las victimas tengan confianza en la Justicia y se sientan protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas.

Queremos subrayar la necesidad de poner en marcha en los Juzgados Especializados en Violencia de Género el Acompañamiento Judicial Personalizado, para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo, por tanto, quienes se enfrentan a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales.

Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es necesaria la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los Juzgados especializados de violencia de género.

La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia de género pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y especialmente, la incorporación al currículum en todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género.

Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento.

Un año más, queremos recordar a todas y cada una de las víctimas mortales de la violencia de género. Mujeres con nombres y apellidos, con una vida por delante que se fue truncada por una violencia cruel ejercida, precisamente, por la persona con la que un día decidieron compartir su vida. También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esta violencia.