Durante la celebración de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, celebrada en Caminomorisco a principios de noviembre; el Presidente de la Junta de Extremadura adquirió un compromiso con el sector apícola extremeño para tratar sus principales problemáticas y reivindicaciones, ya que se trata de una actividad ganadera fundamental para la economía extremeña. Cabe recordar que la región es la Comunidad Autónoma con mayor censo de colmenas.

Esta tarde se producirá esta reunión, en la que estará presente el responsable de Apicultura de UPA-UCE, Antonio Prieto. En el encuentro se va a tratar la complicada situación de los productores extremeños ante las barreras que algunas Comunidades Autónomas establecen a la trashumancia: “Para producir miel o polen es necesaria la trashumancia, tanto a nivel nacional como autonómico. Más del 80% de las colmenas extremeñas son trashumantes y en los últimos años estamos teniendo muchos problemas con nuestra actividad, sobre todo en Castilla y León y Galicia”, señala Antonio Prieto.

Desde UPA-UCE manifiestan que la trashumancia está regulada por el Real Decreto 209/2002, que es de aplicación en todo el territorio nacional: “En este momento hay Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que están regulando la actividad apícola en sus términos municipales legislando contra la libre circulación de bienes y personas”.

Prieto indica que se han mantenido distintas reuniones con el Ministerio y denuncia que por el momento “no se ha hecho nada”: “Ante nuestras reclamaciones, nos responden que eso es competencia de los Ayuntamientos. También nos hemos reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y tampoco hacen nada. No podemos seguir así”. En la reunión de hoy, Prieto va a solicitar al Presidente de la Junta que defienda los intereses del sector en Madrid ante las trabas que están poniendo otras Comunidades Autónomas.

El responsable de apicultura en UPA-UCE destaca que la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado establece tres principios básicos por los que los afectados pueden denunciar a los Ayuntamientos que les impidan practicar la trashumancia (principio de no discriminación, principio de cooperación y confianza mutua, y el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones). Asimismo, la organización agraria entiende que la Administración debe garantizar que no haya exceso de regulación ni duplicidades, impidiendo cargas administrativas adicionales.

Prieto recalca que existen mecanismos para la defensa de los apicultores: “Tenemos autorización de movimientos y hay mecanismos para la defensa del apicultor. UPA-UCE está reclamando los derechos de estos productores centralizando las denuncias que vamos a cursar”, concluye.