El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado hoy dos mociones conjuntas de los grupos socialista y popular. La primera de ellas hace referencia a las deficientes infraestructuras ferroviarias en Extremadura y su necesidad de mejora.

A través de esta moción, la Diputación de Badajoz se adhiere al Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura promovido por distintas instancias sociales, políticas e institucionales extremeñas. También se exige al Gobierno de España el desarrollo durante la legislatura 2015/2019 del desarrollo de una serie de actuaciones como son la duplicación y electrificación en su totalidad de la línea Badajoz-Mérida. Cáceres-Plasencia-Madrid; ejecución de un Plan Urgente de Renovación y Electrificación de las redes ferroviarias convencionales de Extremadura; modernización de la red y servicios ferroviarios interiores dela región; establecimiento de un Puesto de Mando Ferroviario en la región; y estudiar soluciones que permitan la recuperación de la concesión ferroviaria “Ruta de la Plata”.

La segunda moción, también conjunta, es de apoyo y solidaridad con los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo previsto por Ibercaja. El expediente prevé el despido de 686 trabajadores y el cierre de 160 oficinas. En concreto, en Extremadura el proceso supondría la amortización de 145 empleos y el cierre de 32 sucursales, siendo especialmente afectada la provincia de Badajoz.

La Diputación manifiesta el rechazo a este expediente y el respaldo y solidaridad con los empleados de la entidad en la región. Lamenta, según manifestaron los grupos políticos, que la mayoría de las oficinas que se quieren cerrar se encuentren en el mundo rural, con el perjuicio que ello supone para los habitantes de los pueblos.

Por último se solicita que, a través de su accionista la Fundación Caja Badajoz, se inste al Consejo de Administración de Ibercaja y al gobierno de la nación a defender los intereses de estos empleados y, en colaboración con las representaciones sindicales, buscar otras alternativas que no supongan la destrucción de empleo.