El Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó esta mañana en la Sesión Plenaria nº52 la “Declaración Institucional con motivo del Acuerdo de Paz en Colombia” en la que los grupos parlamentarios se comprometen a “instar al Gobierno de España a trabajar con el gobierno colombiano para que adopte medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los grupos y comunidades en especial situación de riesgo, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, los grupos parlamentarios han acordado “apoyar que la misión de observación de la ONU esté dotada de un componente de derechos humanos que complemente la función de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo papel de vigilancia y elaboración de informes debe reforzarse”.

Esta declaración es una iniciativa de Amnistía Internacional con la que pretende visibilizar “un problema de la realidad colombiana, que es que el principio del proceso de paz y del alto el fuego  no supone el fin de la violencia y hay muchos defensores de los Derechos Humanos que están siendo asesinados, torturados y maltratados”, según explicó a los medios de comunicación el secretario de Amnistía Internacional en Extremadura, Antonio Gordillo.

En ese sentido, Gordillo añadió que “alrededor de 80” defensores de los Derechos Humanos fueron asesinados en 2016 y “solo en enero de 2017 se tenía constancia de 10 asesinatos con todo lo que lleva detrás de amenazas y coacciones”. “Es un problema que debemos tener en cuenta siendo además Colombia un país prioritario para la cooperación española y hay que saber dónde se está dando dinero y con quién se está colaborando” defendió.

Los representantes de Amnistía Internacional en Extremadura asistieron a la Sesión Plenaria acompañados además por la defensora de Derechos Humanos en Colombia, Martha Lucía Rojas, quien ha narrado su experiencia como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Oasis, en el municipio de La Tebaida, Departamento del Quindío, y como activista víctima de ataques y amenazas en varias ocasiones.

Cabe recordar que la Declaración Institucional se aprobó tras la reunión mantenida la semana pasada entre la coordinadora de Amnistía Internacional en Extremadura, Remedios Tierno, con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín,  así como con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara regional.