Desde el punto de vista de la financiación, los tres ejes sobre los que deberían encauzarse las reformas legislativas no sólo para mejorar las haciendas provinciales sino también para reforzar el papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en la configuración del territorio, serían: Flexibilizar los parámetros fiscales, recuperar la financiación para los Planes Provinciales de Cooperación y una correcta definición de las competencias que les correspondan.

Así se inicia el texto de la declaración aprobada al final de la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que durante los tres últimos días se ha celebrado en Segovia.  El presidente de la institución provincial segoviana, Francisco Vázquez, ha sido el encargado de leer ese documento, acompañado por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp.
Los presidentes de las Diputación, que celebrarán su próximo encuentro en Granada, piden en primer lugar que se flexibilicen “los parámetros fiscales ante el hecho evidente de la positiva contribución de la Administración Local a la reducción de los niveles de deuda y déficit públicos y considerando que el impacto de gasto público local en relación con el del conjunto del Sector Público no es muy significativo en términos absolutos”.

En su opinión, se deberían adoptar, entre otras, algunas medidas como: considerar la incorporación del remanente de tesorería positivo sin que afecte a la determinación del déficit o superávit en términos de estabilidad presupuestaria, y eliminar el cumplimiento de la regla de gasto para aquellas entidades que hayan liquidado tres ejercicios consecutivos con superávit.

Respecto del segundo eje, recuperación de la financiación estatal para los Planes Provinciales, afecta muy directamente a la Administración Local. “La cooperación económica de las Administraciones de ámbito territorial superior -apunta la Declaración- resulta claramente necesaria para articular, a través de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, las obras y servicios de los pequeños municipios cuyas necesidades son crecientes y cuyos recursos son escasos. Una mirada permanente al mundo rural   es inherente a la propia existencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y la cobertura técnica, jurídica y financiera a nuestros pueblos es absolutamente imprescindible, sobre todo ante amenazas–realidades tan obvias como el envejecimiento y la despoblación”.

“En un momento en el que la existencia de este tipo de ayudas interadministrativas, cuya necesidad de recuperación ha quedado manifiesta a lo largo de estas jornadas, facilitó la dotación a la gran mayoría de municipios de todo tipo de infraestructuras que han supuesto la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos -recuerda el documento aprobado hoy-, la actualidad nos obliga a demandar estas ayudas para paliar los dos grandes retos que existen en la actualidad: la creación de puestos de trabajo y la fijación de población  en los municipios”.

Consideran por lo tanto los Gobiernos Provinciales que la actualidad exige la recuperación en los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas de las citadas líneas de cooperación a las obras y servicios municipales.

Por último, la Conferencia de Segovia estima que uno de los retos importantes para el reforzamiento de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares es la correcta definición de las competencias que les corresponden, manteniendo las que se vienen ejerciendo, además de las siguientes – siempre acompañadas de la financiación.
Así, entienden que se debe “concretar y potenciar la función coordinadora de los servicios municipales así como su forma de ejercicio, y fomentar las fórmulas conjuntas de prestación de servicios, que permitan que los gobiernos locales intermedios puedan asumir el papel de prestadoras de servicios a los ciudadanos como subsidiarias de la inactividad municipal”.

En segundo lugar, apunta la necesidad de posibilitar que las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, a demanda de los municipios, puedan asumir como propias algunas competencias municipales en los casos en que estas no puedan ser desarrolladas en el ámbito local.

En tercer lugar, señalan la “posibilidad de aumentar la asignación de otras competencias propias, más allá de la cooperación y asistencia municipal, a través de una planificación provincial propia”.
También estiman necesario delimitar la escala idónea para el ejercicio de cada competencia, permitiendo el reforzamiento de estos gobiernos por la vía de la atribución de competencias sustantivas y materiales en el ámbito supramunicipal.

“Considerando que la provincia es ámbito territorial idóneo para ejercer competencias autonómicas, permitir que las mismas puedan ser delegadas en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares”, concluyen los presidentes lo relativo al tema de las competencias.

Así, a juicio de los presidentes de los Gobiernos Provnciales, “Todo ello deberá complementarse con una reforma del sistema de financiación local, que habrá de incorporarse a cualquier debate de financiación autonómica, verdaderamente necesaria para incrementar los ingresos de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares que sean acordes con los nuevos gastos en los que incurran para poder asumir las competencias que tienen y les puedan ser reconocidas”.