“Debido a las características hidrológicas de los territorios rurales, el agua es un factor que limita su desarrollo”. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha señalado que la falta de este recurso amenaza las actividades económicas, frena el incremento de actividades productivas y condiciona la conservación del medio ambiente.

Esta organización ha aprovechado el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, para recordar que es necesaria una planificación hidrológica en todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución social de los recursos y el fomento del ahorro y eficiencia en el uso del agua. “Lo que en definitiva supone desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua”, afirman. Para ello es necesario, han asegurado “reforzar el control público del uso y de la calidad del agua, y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes”.

Los cultivos de regadío: básicos para España

Los agricultores han explicado que los regadíos constituyen una fuente de riqueza frente a los secanos tradicionales, además de suponer un incremento del valor añadido, y lo que es más importante, un factor que socialmente implica un freno al despoblamiento del medio rural.

“El regadío es un elemento clave para el desarrollo rural. Sin agua no hay producción agraria y sin ésta es inconcebible el desarrollo rural”, han señalado. Teniendo en cuenta que los regadíos incrementan de manera exponencial los rendimientos por superficie, la conclusión resulta evidente: su importancia para aumentar la producción, que se genere más riqueza y se frene el éxodo rural, siempre teniendo en cuenta las disponibilidades reales del recurso, las proyecciones esperadas de los efectos del cambio climático y los condicionantes medioambientales.

En términos generales, una hectárea de regadío produce seis veces más que una de secano. La renta de un agricultor de regadío es cuatro veces más alta que la de otro similar en régimen de secano. Además esa renta tiende a ser más segura, ya que depende menos del clima y se basa en una mayor diversificación productiva. Este aumento de la producción y la renta lleva aparejada una significativa estabilización de población en el medio rural, ligada a la generación de empleo. Una hectárea de regadío demanda casi cuatro veces más mano de obra que una de secano.

Además, las actividades agroindustriales vinculadas a la manipulación y preparación de las producciones obtenidas en las superficies regadas contribuyen asimismo a crear en torno a las áreas regadas zonas de una importancia densidad demográfica.

UPA ha mostrado su “enorme interés” en la voluntad del Gobierno de articular un nueva política del agua a través de un Pacto Nacional del Agua, y ha anunciado que participará “de manera decidida” en la elaboración de propuestas que tiendan a hacer compatibles los intereses de la agricultura familiar y la conservación y mantenimiento de un bien público fundamental, como es el agua. “Plantear una contraposición entre agricultura y medio ambiente resulta completamente erróneo; ya que los agricultores son los primeros interesados en la conservación de los recursos naturales y, de hecho, es su actividad la que muchas veces contribuye al mantenimiento de un medio ambiente saludable”, han sentenciado.

UPA demanda a las Administraciones implicadas la atención a las demandas del sector agrario, un cambio del uso del agua que fomente el ahorro y la redistribución de los recursos y un reparto social. Y todo ellos desde la búsqueda de una acciones económicamente rentables, socialmente justa, ambientalmente sostenibles y territorialmente equilibradas

15 propuestas de UPA ante el presente y futuro de los recursos hídricos en la agricultura española

  1. Satisfacción de las demandas de uso agrario.
  2. Fomento de las infraestructuras hidráulicas.
  3. Impulso a la mejora y modernización de regadíos.
  4. Reforma del sistema concesional.
  5. Rechazo al mercado del agua.
  6. Fomento de los Bancos públicos del agua.
  7. Trasvases desde la cohesión y el equilibrio territorial.
  8. Impulso de la reutilización de las aguas regeneradas.
  9. Construcción, puesta en marcha o actualización de desaladoras.
  10. Diferenciación en el sistema tarifario.
  11. Exención del principio de recuperación de costes para la agricultura.
  12. Imputación de los caudales ecológicos a toda la sociedad.
  13. Proceso de revisión, ordenación y regulación de las aguas subterráneas.
  14. Sistema tarifario eléctrico específico, fomento de energías renovables y autoconsumo.
  15. Impulso de la participación pública en la planificación y gestión del agua.