La Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX) han renovado con Iberdrola el convenio para ayudar y proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adaptándose a la legislación vigente.

Con este son cuatro los acuerdos que el Gobierno regional ha firmado con compañías energéticas de ámbito nacional en defensa de los consumidores vulnerables.

El documento lo han firmado hoy en Mérida el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; el presidente de FEMPEX, Francisco Buenavista; y el delegado comercial de Iberdrola en Extremadura, Borja Cañas.

El acuerdo establece los mecanismos de coordinación necesarios, adecuados a la nueva normativa sobre el bono social, para evitar la suspensión del suministro eléctrico y de gas por impago de la factura a clientes económicamente desfavorecidos o asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.

Esta ayuda es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico o el gas de su vivienda habitual con Iberdrola en esta región y que, previa valoración técnica y solicitud de los servicios sociales municipales, puedan ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

La renovación del convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre y se prorrogará tácitamente por periodos anuales y mediante este acuerdo, la compañía energética se compromete a no suspender el suministro de electricidad o de gas a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión, por parte de la administración regional, de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.

La legislación del bono social  ha introducido diversos criterios para poder ser beneficiario del mismo: renta, miembros de la unidad familiar y colectivos de especial protección: discapacidad mayor o igual al 33%, violencia de género o víctima de terrorismo, que el consumidor tiene que acreditar.

Además, se han establecido tres categorías, la de bien consumidor vulnerable (descuento del 25% tanto en el término fijo -potencia- como en el variable -energía-), vulnerable severo (descuento del 40%) y consumidor en riesgo de exclusión social (100%), según los criterios anteriores, que tendrán unos descuentos sobre la factura y unas condiciones de suspensión del suministro distintas.

Asimismo, con la entrada en vigor del RD 897/2017 se amplían los plazos para la suspensión del suministro por impago.

Desde julio de 2015, Iberdrola ha rubricado 55 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG y asociaciones, protegiendo en la actualidad a la totalidad de sus clientes domésticos en España, un total de 7,35 millones.