La Diputación de Badajoz, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura firmarán un convenio para la financiación y ejecución de las obras de mejora de las carreteras de Helechosa de los Montes a Bohonal y Villarta de los Montes. Así lo ha aprobado el pleno de la Diputación reunido hoy.

Según explicó el portavoz socialista y diputado de Fomento, Saturnino Alcázar, la titularidad de la carretera es de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y  tiene una longitud de unos 42 kilómetros. Una vez aprobado por la Diputación de Badajoz la firma del convenio, éste deberá ser ratificado por las otras dos instituciones. Se invertirán 10,2 millones de euros financiados por las tres partes. Alcázar anunció que está previsto que se haga la licitación este mismo año para que las obras se desarrollen en 2019. Una vez finalizadas las obras, estas vías pasarán a formar parte de la Red Provincial de Carreteras.

Tanto el portavoz popular, Juan Antonio Barrios, como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, afirmaron que ésta es ‘una buena noticia’. Para Gallardo estas obras tenían que llevarse a cabo por la dignificación del mundo rural. “Extremadura no puede permitirse tener carreteras como ésta de la comarca de La Siberia.

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado también la modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación de Badajoz.
La modificación recoge la figura de ‘diputado no adscrito’, previsión legal que hasta fechas recientes no se había materializado en la Diputación de Badajoz. La modificación pretende dar una nueva redacción a determinados preceptos del Reglamento Orgánico para acomodar su regulación a esta circunstancia y al hecho de entroncar los derechos correspondientes a este tipo de Corporativos con las determinaciones legales de la Corporación regulando su participación en las sesiones de los órganos colegiados de la misma.

Entre otros asuntos, esta modificación recoge que los miembros no adscritos a grupos políticos tienen el mismo derecho a al información y al libre acceso a la documentación que el resto de los miembros electivos de la Corporación. Podrán también presentar enmiendas, votos particulares, ruegos y preguntas, así como proponer mociones y asuntos de urgencia. En los debates, el tiempo de intervención se reducirá a un tercio del tiempo asignado a cada grupo.

Sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

El presidente puede llamar al orden a un diputado cuando éste profiera palabras o vierta conceptos ofensivos, produzca interrupciones, altere el orden de las sesiones o pretenda hacer uso de la palabra sin que se haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.  Tras la tercera llamada al orden le será retirada la palabra y el presidente, sin debate, le expulsará de la sesión y dejará de devengar la asignación por asistencia a la misma.

El presidente velará por el mantenimiento del orden en los espacios reservados al público asistente y se expulsará inmediatamente del Salón y del edificio a quienes hicieran manifestaciones de agrado o desagrado, aprobación o desaprobación, perturbaran el orden o faltaran a la debida compostura.

El diputado no adscrito Antonio Pozo anunció al inicio del pleno su intención de “impugnarlo por no haber recibido a tiempo la documentación” y votó en contra puntos del orden del día.

La sesión comenzó con un minuto de silencio por el terrorismo machista que sólo en este mes de septiembre se ha cobrado la vida de nueve mujeres y dos niñas.