Extremadura es la Comunidad Autónoma más perjudicada y miles de explotaciones de la región «se arruinarán» si tienen que hacer frente a la sanción millonaria que el Ministerio de Agricultura pretende imponer. Ante la reunión que mantiene hoy el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con la Ministra García Tejerina; UPA-UCE deja clara «su oposición frontal ante esta decisión injusta y discriminatoria con los productores extremeños» y anuncian que «lucharemos contra ella con todos los instrumentos a nuestro alcance si fuera necesario».

El Ministerio de Agricultura ha expresado su intención de repercutir en las Comunidades Autónomas, y por tanto en las ayudas de la PAC que perciben los agricultores y ganaderos, la «considerable» sanción impuesta a nuestro país por un problema de significación de pastos en el SIGPAC.

Para UPA-UCE Extremadura este planteamiento supondría «una ruina para miles de explotaciones de la región» y se opone frontalmente a que los agricultores y ganaderos extremeños paguen estos errores: «Los agricultores y ganaderos solicitamos nuestras ayudas en base a los criterios marcados por el Ministerio de Agricultura, solo nos hemos limitado a seguir los Decretos que ha publicado Madrid», señala Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura. Este nuevo ajuste se sumaría a los recortes que los agricultores y ganaderos vienen sufriendo en sus ayudas PAC, lo que complica aún más la viabilidad de muchas explotaciones.

De aplicarse la sanción tal y como plantea el Ministerio de Agricultura, sería la primera vez que las Comunidades Autónomas asumieran el pago de la multa, una penalización que desde UPA-UCE consideran «injusta» para la región: «Los agricultores y ganaderos extremeños hicieron lo mismo que el resto de productores españoles por lo que si nos penalizan, la multa debería repartirse entre todas la Comunidades Autónomas». Por ello, los productores extremeños no descartan «utilizar todas las medidas de presión a nuestro alcance para evitar esta injusticia», entre las que se encuentran el estudio de acciones legales para frenar la sanción.

Por otro lado, desde la organización profesional agraria se preguntan «qué tipo de negociación realizó el anterior gobierno regional«, ya que parece que el MAGRAMA tiene tomada la decisión de aplicar la sanción y el actual Ejecutivo cuenta con escaso margen de maniobra: «Toda la legislatura estuvieron diciéndonos que estaban resolviendo este problema y ahora nos encontramos con que no se ha hecho nada al respecto», concluye Huertas.