El Plan de Empleo Social 2015 de Extremadura que se propone reincorporar al mundo laboral a 4.000 parados de larga duración que han agotado la prestación por desempleo ha echado a andar esta mañana.

Hoy se ha efectuado la presentación pública de este plan que tiene un importe total de 24 millones de euros aportados por la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y que creará empleos de seis meses de duración.

“La Junta lidera las políticas de empleo y las diputaciones tenemos que echar una mano para mejorar la vida de la gente. Trabajamos todos en la misma dirección”, ha dicho el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, que ha acompañado en Mérida al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto a la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero, en la presentación del plan.

La Junta realiza una aportación de 12 millones de euros y 6 millones de euros cada una de las diputaciones.

El presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido el esfuerzo de ambas diputaciones provinciales y ha recordado que “desde las provincias también se construye Extremadura”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se alegró de la existencia del plan y explicó la soledad en que se ha sentido este organismo tratando de paliar el drama del paro en los pueblos de la provincia con la aplicación de planes especiales como el Revitaliza porque no existía políticas activas claras de empleo dictadas por el anterior gobierno regional.

Al ser preguntado sobre la existencia de sectores que cuestionan la utilidad de las diputaciones provinciales, Miguel Ángel Gallardo contestó que él garantiza que “la Diputación es la raíz pequeña que lleva al municipalismo”.

Sugirió que los alcaldes de los pueblos podrán atestiguar que, dadas las dificultades sufridas por los municipios en los últimos cuatro años, las diputaciones han sido la única posibilidad de mantener abiertas las puertas de los ayuntamientos y de seguir garantizando los derechos de la gente.

Admitió que las opiniones contrarias han sido abonadas por las malas prácticas de algunas diputaciones pero dijo que la implantación de la transparencia en las acciones de los organismos provinciales puede garantizar que lleguen a ser vistos como auténticos incentivadores de la economía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto mediante el que se pone en marcha el Plan de Empleo Social en Extremadura y se autoriza la primera convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y empresas con una dotación económica de 24 millones de euros.

Las subvenciones establecidas en el decreto se destinarán a la contratación de personas paradas de larga duración sin ningún tipo de prestación.

En el caso de los perceptores de la Renta Básica de Inserción, podrán optar a participar en el Plan de Empleo Social, si bien se considerará que ello forma parte de su programa individual de inserción y supondría la renuncia a la renta básica.

El periodo subvencionable será de 6 meses continuados a contar desde la fecha de inicio de la primera contratación correspondiente al puesto de trabajo subvencionado. Además, las entidades deberán efectuar las contrataciones a tiempo completo, por lo que quedan excluidas las contrataciones a tiempo parcial.

La cuantía de la subvención por cada puesto de trabajo creado, con independencia de que, por eventuales bajas y/o sustituciones, sea ocupado por más de un trabajador, ascenderá a 6.000 euros.

El decreto establece dos programas de subvenciones, uno destinado a los municipios y entidades locales menores de la región y otro a entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social y Pymes, incluidos los autónomos, las comunidades de bienes y las sociedades mercantiles que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por lo que respecta a la cuantía de las subvenciones, en el caso del programa I será proporcional al número de demandantes de empleo y de población en edad laboral de cada municipio, mientras que para el programa II se establecerá un orden de prelación de las solicitudes presentadas mediante la aplicación de unos criterios de valoración.

Entre esos criterios se incluyen el carácter social de los proyectos, los colectivos desfavorecidos o vulnerables a los que vayan dirigidos, el número de contrataciones que se vayan a formalizar, el hecho de que las empresas cuenten con distintivo de acreditación social o estén inmersas en la obtención del mismo, que el proyecto incluya condiciones socio-laborales del ámbito de la responsabilidad social empresarial y que las empresas tengan implantados planes de igualdad.

Por otra parte, se valorará el nivel de compromiso de inserción laboral, entendiendo como tal el mantenimiento del alta de las personas contratadas en el correspondiente régimen de la Seguridad Social durante al menos 6 meses tras la finalización del periodo subvencionable.