El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2016, que ascienden a 5.114,1 millones de euros, un 4,7% menos que en el ejercicio en vigor, y garantizan la recuperación de los “derechos perdidos”. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, han registrado el anteproyecto en la Asamblea de Extremadura, tras entregárselo a la presidenta de la Cámara, Blanca Martín.

La consejera ha destacado que son los “presupuestos de la personas” y están regidos por “la verdad, el rigor, la seriedad y la responsabilidad”. Principalmente, ha destacado el compromiso con la población más vulnerable, para lo que se destinan 3.332,1 millones de euros (el 65%) a políticas sociales: sanidad, educación, empleo, renta básica y dependencia. Es decir, seis de cada diez euros se invierten en gasto social.

“La política presupuestaria de 2016 persigue, en primer lugar, defender los servicios públicos fundamentales y recuperar los derechos, al tiempo que se impulsa la economía productiva y se da cumplimiento a las políticas de consolidación fiscal”, ha subrayado Blanco-Morales.

GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Tras situar como primera responsabilidad de los poderes públicos dar respuesta a las personas, especialmente a las que atraviesan dificultades, la consejera ha anunciado la dotación de 58,8 millones para el Fondo de Garantía Social (41,7 millones de sanidad y 16,8 del Fondo de Cooperación Regional).

Blanco-Morales ha subrayado que el presupuesto garantiza el blindaje de una sanidad pública “de calidad, que alcance todo el territorio de la comunidad”, con una subida del presupuesto del SES en 158,2 millones, un 11,6% más, lo que supone un total de 1.518,9 millones. Además, se mejora la dotación para ayudas a la dependencia, con una partida de 144,5 millones de euros.

“Junto con la sanidad, la educación es la principal garantía de oportunidades”, ha planteado, especificando que el 92% del presupuesto de educación se destina a la plantilla docente, cuyos fondos se incrementan un 8%. También se refuerza la enseñanza universitaria, con un incremento de la dotación de 1,3 millones de euros.

Igualmente, ha destacado el compromiso con el impulso de la recuperación de empleo, con un incremento del presupuesto para estas políticas del 8,6%, que se traduce en partidas como los 35 millones para la contratación indefinida, 26 millones para autoempleo y economía social, y 24 y 35 millones para el Plan de Empleo Social y el Plan de Empleo Experiencia, respectivamente.

La consejera ha citado algunos ejemplos del esfuerzo presupuestario para sectores clave; como los 18,3 millones para la dinamización de la actividad empresarial, 98,5 millones para innovación tecnológica y 19,5 millones para el turismo. Además, la vivienda recibe un esfuerzo inversor especial de 44,6 millones, entre los que se incluyen 29,2 millones para promoción y ayudas para el acceso a la vivienda, 10 millones para las viviendas de promoción pública y, como novedad, un programa específico de intermediación bancaria dotado con 1,2 millones, que permitirá poner en marcha acciones contra los desahucios.

En la apuesta de la Junta por los servicios públicos de calidad se incluye la recuperación de los derechos de los empleados públicos, reflejada en el presupuesto en la recuperación total de la paga extra suprimida en 2012 y la subida salarial del 1% para todos los trabajadores de la administración.

CASI EL 80% DEL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS

La consejera ha explicado que el 79% del presupuesto corresponde a fondos propios (4.038 millones de euros), lo que supone un incremento del 2,6% (101,3 millones). En cambio, la financiación europea se reduce en 251,6 millones de euros, lo que provoca la reducción del presupuesto en un 4,7”, “por el efecto perverso de la presupuestación de los fondos europeos en 2015”, en el que se incluyeron ingresos ficticios en este concepto por valor de 401,1 millones.

Por ese motivo, las partidas de gasto financiado con fondos europeos se reducen en un 56,4% en el caso de los Feder (145,9 millones de euros, cuando para 2015 se presupuestaron 334,7); en un 43,6% en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (214,7 millones frente a 380,9 de 2015); y en un 8,9% en el Fondo Social Europeo (79,5 millones frente a 88,4 en 2015).

Las inversiones en actuaciones de carácter general se reducen en un 13,6% la administración general, más de un 20% de la deuda pública y un 45% los fondos para imprevistos y contingencias, mientras que las actuaciones de carácter social suben: sanidad (12,5%), educación (4,8%), dependencia (1,1%), empleo (8,6%) y promoción social (21,3%).

Finalmente, la consejera ha resaltado que el presupuesto regula por primera vez la inclusión de cláusulas sociales para todos los contratos que se firmen durante 2016, y ha asegurado que “este presupuesto permite recuperar los derechos sociales, blindar los servicios básicos (sanidad y educación), avanzar en la defensa de las políticas sociales e impulsar la economía productiva”.