El portavoz del PSOE en Administraciones Públicas, Valentín Cortés, ha presentado en el registro del Senado una moción dirigida a reclamar la derogación de la Reforma Local que el PP aprobó en 2013 y con la que se suprimía, en gran medida, la gestión municipal, se privaba a las entidades locales de las competencias sobre servicios públicos y sociales, amenazaba la supervivencia de los municipios con menos de 20.000 habitantes y se abría la puerta a la privatización.

A través de dicha propuesta, los socialistas también piden la aprobación de una ley de Régimen local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

Por último, Cortés ha explicado que el Grupo Socialista propone la aprobación, desde el consenso, de una nueva Ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).

El senador del PSOE por Badajoz ha recordado que, a principios de este mes, el Tribunal Constitucional ha anulado varios preceptos de la Ley de la reforma de la Administración Local porque invaden competencias autonómicas y ha añadido que el mismo TC tiene admitidos a trámite recursos contra la reforma local de 3.000 ayuntamientos, la oposición parlamentaria, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Canarias, el Consejo de Gobierno de Asturias, y los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Andalucía y Navarra.

Valentín Cortés ha explicado que la Reforma Local del PP ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía y ha provocado que el municipio pase de gobierno político a mero gestor de decisiones ajenas. En este sentido, ha recalcado que los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.

A su juicio, la ley de 2013 consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado y en especial de las Entidades Locales, al citar la Estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención de los ciudadanos y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.