“Si un agricultor o ganadero no cumple la ley, denúnciese, pero no se calumnie a todo un sector”. La organización profesional critica la presentación de una Propuesta de Impulso en la Asamblea a cargo del Grupo Parlamentario Podemos, en la que se criminaliza a los agricultores y ganaderos extremeños acusándoles de fraudes masivos laborales en las campañas de verano.

“Estamos hartos de que se ataque a nuestro sector cuando desde hace años cumplimos escrupulosamente con la legislación vigente”, señala Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. Desde la organización muestran su “indignación y rechazo” ante lo que consideran “un desconocimiento absoluto” de la realidad laboral del campo: “El 99,9% de los agricultores y ganaderos cumple con la ley. Es más, en muchos casos establecemos salarios por encima de lo estipulado en el convenio del campo”.

Huertas hace hincapié en que la mayoría de trabajadores de las campañas agrícolas “son ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea”, por lo que el empresario agrario no tiene la obligación de proveerle alojamiento y manutención, al igual que ocurre con los trabajadores autóctonos: “La mayoría de trabajadores son residentes de la UE, por lo que tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores nacidos en Extremadura, por ejemplo”. El secretario general de UPA-UCE cree que los dirigentes de la formación morada han confundido la realidad extremeña con la situación que se da con la llegada de contingentes, que no tiene lugar actualmente en la región: “Cuando hablamos de contingentes de países terceros, el empresario agrícola sí debe garantizar estos servicios a sus trabajadores, pero no es el caso de Extremadura; ya que con la crisis económica ha aumentado la mano de obra disponible”.

Sobre el planteamiento que hace Podemos para poner en marcha un Plan Integral de lucha contra el empleo irregular, Huertas alega ya existe la Comisión de Flujos Migratorios, integrada por la Delegación del Gobierno, la Junta de Extremadura, las Organizaciones Profesionales Agrarias y los sindicatos para dar respuesta a los problemas que surjan en este ámbito.

Otro de los puntos del escrito se centra en impulsar inspecciones masivas coincidiendo con el desarrollo de las campañas agrícolas: “Queremos que nos dejen hacer nuestro trabajo, del que se beneficia el conjunto de la sociedad extremeña. Por eso no entendemos que en el momento más importante del año, cuando estamos recogiendo nuestras cosechas, se nos trate como a delincuentes”.

Para Huertas, la presentación de esta propuesta demuestra “una amplia desconexión” de este Grupo Parlamentario con lo que sucede en el mundo rural, por lo que piden a los ciudadanos y ciudadanas de este medio que “tengan en cuenta, ahora que se acerca un proceso electoral, que a este partido no le importa dañar la imagen del sector agrario y del mundo rural por un puñado de votos”. Para UPA-UCE se trata de “una propuesta difamatoria con un claro afán electoralista a costa de los agricultores y ganaderos”, que constituyen un sector “ejemplar” que da empleo a miles de personas en Extremadura. Esta iniciativa llega además cuando las producciones extremeñas se están enviando a los mercados exteriores, que son muy sensibles y aprovechan cualquier información, aunque sea falsa como esta, para rebajar los precios a los agricultores; por lo que estas afirmaciones tienen un coste y un perjuicio directo y claro en los productores.

Por ello, exigen al Grupo Parlamentario Podemos la retirada de la Propuesta de Impulso y, en caso de que no atiendan a razones, demandan al resto de partidos políticos representados en la Asamblea que rechacen esta iniciativa por “calumniar” al sector.