El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acompañado por el gerente de Promedio, Álvaro Jiménez, se ha reunido esta mañana en Sevilla con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz.

Gallardo ha trasladado al responsable de la Confederación los problemas que están afectando a alcaldes de la provincia pacense debido a las sanciones impuestas a sus Ayuntamientos por vertidos urbanos a la cuenca del Guadalquivir.

El presidente de la Diputación se ha interesado también por el estado de ejecución de las obras de compensación que la Confederación Hidrográfica se había comprometido a realizar tras el convenio firmado con la institución provincial en abril de 2014. Se trata de distintas obras de adecuación ambiental por valor de 1,4 millones de euros que, según ha indicado Manuel Romero, “se encuentran en trámite”.

Los municipios afectados por las sanciones de la Confederación Hidrográfica son nueve, dos de ellos pedanías, que vierten sus aguas a la cuenca del Guadalquivir y que carecen de depuradora.

Como recordarán, el pasado 5 de septiembre Miguel Ángel Gallardo se reunió con los alcaldes de municipios a los que la Confederación  ha abierto expediente con el objetivo de mediar entre los Ayuntamientos, la Junta de Extremadura y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se construyan instalaciones de depuración de aguas y para evitar sanciones por vertidos sin tratamiento a los cauces de ríos y arroyos.

En ese encuentro, Gallardo se comprometió a iniciar contactos con la dirección general de Infraestructuras de la Junta de Extremadura para que se planifique la construcción de depuradoras de aguas residuales en estas localidades con objeto de evitar “la paradójica situación de ser sancionado por algo que no puedes construir porque no es de tu competencia”, manifestó.

El Pleno de la Diputación de Badajoz ya aprobó el pasado 26 de junio  una moción conjunta de los grupos socialista y popular por la que instaban a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al archivo de expedientes sancionadores iniciados contra diversos Ayuntamientos de la provincia por el vertido de aguas residuales de estas poblaciones al dominio público hidráulico sin que existan instalaciones de depuración. En dicha moción se pidió a la Confederación que autorizara estos vertidos aunque no cuenten con sistemas de depuración.