La Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión Social, contempla la creación de una línea de ayuda urgente al alquiler que permita dar una solución habitacional urgente e inmediata a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. Esta línea de ayuda social permitirá que las familias beneficiarias puedan hacer frente al pago de la renta de alquiler de una vivienda, hasta la efectiva entrega de una vivienda de promoción publica.

El Decreto 1/2017, de 10 de enero (consulte el texto completo del mismo en el apartado de legislación de vivienda autonómica) viene a establecer las bases reguladoras de la ayuda al alquiler social, respetando las previsiones y límites recogidos en la mencionada ley.

Junto a esta línea de ayudas, regula otra destinada a familias que aun no hallándose afectadas por ejecuciones hipotecarias, encuentran serias dificultades para hacer frente al precio de alquiler, que rige en el mercado de vivienda. El decreto persigue pues posibilitar un alquiler asequible y, por ende, una solución habitacional para colectivos especialmente vulnerables.

Por último, y como quiera que el vigente Plan de rehabilitación y de vivienda de Extremadura 2013-2016 regula dentro del Programa de fomento del alquiler de viviendas una ayuda que persigue un objeto distinto pero que afecta al mismo mercado, por razones de técnica normativa así como criterios de transparencia y seguridad jurídica, se acomete en dicho Decreto la regulación de esta tercera línea de ayuda al alquiler, procurando albergar en un único texto la regulación de la financiación pública autonómica en esta materia.

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