Asaja Extremadura denuncia que la Junta de Extremadura tiene previsto recaudar por anticipado el dinero que va destinar a paliar los intereses de los créditos por los efectos de la sequía anunciados el pasado viernes en un convenio firmado con 11 entidades bancarias.

En concreto, y por primera vez en la historia del campo extremeño, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Política Agrarias y Territorio, va a cobrar a los ganaderos extremeños por la expedición de los documentos de identidad de los animales vacunos que nazcan en sus explotaciones, los conocidos popularmente como DI.

“En un año de fuerte sequía, con los ganaderos con la soga al cuello, esta decisión de la Junta de Extremadura va a colaborar a la ruina del sector mediante el cobro de una tasa que nunca se había aplicado”, ha señalado Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, para el que “la Junta aplica un impuesto revolucionario para sacar así el dinero de forma anticipada que luego promete dar por otro lado a los ganaderos que se acojan a los préstamos por la sequía”.

García Blanco explica que a partir de ahora si un ganadero tiene la suerte de que una vaca para un ternero deberá de hacer frente primero a una tasa de 2,84 euros por servicio administrativo; acompañada de 0,10 euros por la impresión del documento; y  si además  quiere recibir el documento en su domicilio, deberá abonar otra cantidad extra de 5,72 euros en concepto de gestión de correos. Por lo tanto, el alta de un ternero puede llegar a costar un total de 8,66 euros.

DATOS

Para comprobar “hasta qué punto llega el desmedido afán recaudador de la Junta de Extremadura”, en la región -según los datos oficiales de 2017- existen 484.027 vacas de carne y 4.746 de leche. Esto supondrá un número de operaciones de alta de terneros de manera individual próximo a los 415.000 anuales. Si computamos una media de 4 altas por servicio administrativo estaríamos hablando de 103.750 operaciones en total.

Asaja hace la salvedad de que se pueden agrupar las inscripciones, pero también hay que tener en cuenta que existe la obligación de darlos de alta en un periodo relativamente corto, por lo que se puede calcular una media de cuatro animales por solicitud.

Si no envían los documentos a casa del ganadero, la inscripción va a suponer una recaudación de 3,24 euros por operación para una recaudación total de 336.150 euros. Si los documentos se mandaran a casa y no se recogiesen en los servicios de las oficinas veterinarias de zona, el coste subiría a 8,96 euros por operación. Esta cantidad multiplicada por 103.750 operaciones harían un total en concepto de “impuesto revolucionario” de 929.600 euros anuales, una cantidad muy aproximada a lo que ha prometido la Junta abonar (4 millones de euros en cuatro años) en el pago de los intereses por los préstamos de la sequía.