En el primer techo del siglo XXI, muchos países y comunidades autónomas se están enfrentando a las consecuencias de la estabilización o al declive previsible de la población. La más evidente de estas problemáticas es el envejecimiento progresivo de la población, atribuido a un aumento de la esperanza de vida debido a las mejoras de la atención sanitaria y a la caída de la natalidad.

Al ser cada vez mayor el número de personas por encima de la edad de jubilación, lo que implica una disminución de la actividad económica y un incremento de los costes de sanidad y de pensiones entendidas éstas en sus términos actuales, los problemas de financiación están siendo evidentes.

Además hay que señalar el descenso de la natalidad causado por el creciente uso de anticonceptivos y por el aumento del nivel de estudios de la mujer y su incorporación masiva al mercado laboral.

Por otra parte, las dificultades de acceso de los jóvenes al mercado laboral hacen que se alargue la estancia de los mismos en el domicilio familiar, aumentando paralelamente la edad de emancipación y la de contraer matrimonio, lo que supone acortar el periodo fértil en el matrimonio o en las uniones maritales estables. Causa que también está provocando que el número de fallecidos esté superando al de nacidos.