Parece indiscutible que el proverbio chino de que el árbol que cae en el bosque hace más ruido que los miles que crecen junto a él alcanza su máximo exponente en el colectivo del funcionariado.

Arrastrando el estigma del “vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra, en la imaginación popular un funcionario sigue siendo un encorbatado pachón fumando tras un mostrador, barrigudo y con bigote puestos a encasillar. Digno de alabar me parece la voluntad creativa de quién sea capaz de imaginar una mujer cuando se comienza a despotricar contra los empleados públicos.

Y efectivamente, cierto es que los hay malos. Pésimos diría yo. Pero a las puertas de que la generación de los millenians cope más del 70% de la masa laboral (cosa que sucederá en 2025) creo que ya es hora de que permitamos a este colectivo quitarse el “San Benito” de encima.

La realidad es que el sector del funcionariado del siglo XXI está sobradamente preparado. Al igual que en el resto de profesiones, las exigencias para lograr un puesto se han multiplicado. La crisis de la última década ha provocado que la salida profesional vinculada a la administración, en otros tiempos despreciada por los bajos salarios, sea codiciada por muchos. Como resultado, un puesto en la Administración es peleado por una media de cien personas, por lo que acceder a la función pública conlleva un sobre esfuerzo de años de preparación y estudio para intentar superar las diversas fases del proceso selectivo.

En el caso del personal interino y temporal, tan criticado en estos últimos meses, el escenario empeora. Las horas de estudio se acumulan a la jornada laboral y la ausencia de oposiciones ha provocado que aquellos que ocupan una plaza desde hace 10 o 20 años tengan que conciliar ambas facetas con el cuidado de hijos, hijas o personas mayores, o deban renunciar a su vida personal, bajo la presión de saber que de no aprobar la próxima convocatoria serán cesados sin ni siquiera percibir indemnización, pues es uno de los derechos que aún no tienen reconocidos.

La situación, lejos de poder mejorar, empeora para ellos con la amenaza de una oferta de empleo masiva en la que tendrán que jugarse su futuro en un examen para el que, probablemente, no puedan ir tan preparados como el personal que cumple el perfil cotidiano de opositor: gente joven, recién salida de la universidad y con muchas horas que poder dedicarle al estudio. Menospreciados por la propia Administración para la que trabajan y olvidados por la justicia española, cuentan como único aliado con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como a una tabla de salvación, esperan el momento en que la fiscal emita un dictamen sobre el caso de varios temporales de la Comunidad de Madrid que el abogado Arauz de Robles ha sido capaz de elevar hasta Europa. Entonces, se conocerá la opinión de la justicia europea sobre la precariedad laboral a la que la Administración Pública somete a sus trabajadores y trabajadoras, permitiendo una tasa de temporalidad superior al 28% y manteniendo contratos temporales durante más de 30 años.

El prestigioso abogado se muestra muy positivo ante el mensaje que lanzará el dictamen, en el que espera se fije de forma concreta el modo de conceder la fijeza a los empleados públicos en situación de fraude de ley, tal y como hicieron el resto de países de Unión tras la Directiva 1999/70/CE.

De no ser con la ayuda de Europa, tal y como decía Mariano José de Larra, cuando “vuelva usted mañana” ya no encontrará a la médico que le atendía, a quien le ayudó a solicitar la última PAC o le presentó la declaración de la renta, habrá un nuevo maestro en el aula de su hija y en el Ayuntamiento otra persona le informará sobre los certificados que debe presentar. En su lugar habrá otro funcionario, no sabemos si más preparado pero seguro que más barato y con menos derechos adquiridos que el anterior.

Carlos Zugasti Martínez, secretario de la Asociación PILTEx