La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha defendido este viernes en Roma la necesidad de que las administraciones regionales y locales tengan una mayor representación en los órganos de decisión y gestión de las políticas migratorias.

Martín ha realizado estas declaraciones en el encuentro del Grupo de Trabajo “Migración, Política Social y Derechos Humanos. Menores Extranjeros no Acompañados” de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), presidido por la Región del Lazio, cuyo vicepresidente de la Cámara Legislativa, Devid Porrello.

Ha subrayado que son precisamente las administraciones regionales y locales las más cercanas al ciudadano y quienes deben gestionar directamente los flujos migratorios en todo lo relativo a la prestación de servicios sociales a las personas que llegan procedentes de otros países.

SOLIDARIDAD

La jefa del Legislativo extremeño ha recordado la respuesta del Gobierno de España y de Extremadura en 2006 a la conocida como “crisis de los cayucos”. En ese momento Extremadura se convirtió en comunidad receptora de menores extranjeros no acompañados. “Aunque las competencias son del Gobierno central, nos regimos por el principio de solidaridad que establece la Constitución”, ha destacado Martín, quien ha manifestado que en aquel momento sí se contó con la colaboración del Estado.

Así, ha explicado que la tutela fue asumida por parte de las comunidades autónomas, quienes realizaron un seguimiento de cada caso concreto y velaron por que los jóvenes entraran a formar parte del sistema educativo y recibieran formación para posteriormente encontrar un puesto de trabajo en España si así era su deseo.

LA RESPUESTA EXTREMEÑA

La presidenta de la Asamblea de Extremadura ha reflexionado también sobre la crisis humanitaria que vive Europa en el Mediterráneo, al tiempo que ha manifestado que es precisamente Italia uno de los países que más migrantes ha recibido ante una “cierta insolidaridad” por parte del resto de naciones europeas, a la vez que ha recordado que España no cumplió los cupos establecidos para acoger a personas refugiadas pese a que regiones como Extremadura pusieron a su disposición su infraestructura.

Martín ha subrayado el cambio experimentado tras la entrada de nuevo gobierno en España y la respuesta de Extremadura en el verano del pasado año ante la saturación de los servicios de emergencia y acogida de Andalucía.

De este modo, ha detallado que la Junta de Extremadura, en colaboración con el Gobierno de España y Cruz Roja Española en Extremadura, pusieron en marcha un centro de acogida temporal de migrantes en tránsito que ha atendido las necesidades de menores, adultos y mujeres procedentes de otros países, principalmente del África Subsahariana.