El 19 de marzo los empleados públicos han recibido una nueva consideración. Esta vez no han sido los aplausos de los ciudadanos a sanidad, dependencia, educación…, esta vez ha llegado de parte de la Unión Europea, directamente desde su más alta institución judicial. El TJUE ha dictado expresamente que los empleados públicos temporales españoles llevan desde la década de los 90 sufriendo abuso continuado por parte de las diferentes administraciones en sus relaciones contractuales, y que esto debe ser sancionado y resarcido.

En estos días, inmersos en plena crisis sanitaria, son más conscientes que las adversidades, lejos de amedrentar a las personas, las hacen más fuertes. Unidos desde hace casi año y medio bajo las siglas de PILTEx, el colectivo de interinos y temporales en abuso de temporalidad ha estado luchando para que sus derechos sean reconocidos. Hasta el pasado jueves, la Dirección General de Función Pública a la cabeza de la Junta de Extremadura y los sindicatos más afines a ella, negaban lo que dictamina el propio Estatuto que ellos desarrollaron.

Según señalan, ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de Unión Europea quien, mediante una sentencia firme, haya acudido al rescate de los aproximadamente 800.000 empleados públicos que se encuentran en situación irregular respecto a sus contratos en todo el territorio nacional, 25.000 en nuestra comunidad, unos 4.000 en la Junta de Extremadura.
Según la mencionada Sentencia se reconocen los siguientes “puntos”:

● Las administraciones contratantes no pueden ampararse en la normativa nacional para negar el abuso de temporalidad cuando el empleado realiza funciones ordinarias y permanentes, es decir estructurales.
● Reconoce con el mismo nivel de ilegalidad tanto la concatenación de sucesivos contratos temporales como la existencia de uno sólo de larga duración, ésto es, según el EBEP, en el caso más desfavorable 3 años.
● Estima que los procesos selectivos que UGT, CC.OO y CSIF describieron en 2017 como de “estabilización” no son la herramienta adecuada para prevenir y sancionar el abuso del empleador en la contratación temporal, puesto que no sanciona al infractor y no resarce a la víctima, el trabajador.
● Pone fin a la figura del indefinido no fijo ya que esta categoría no disfruta de las mismas condiciones de trabajo que un empleado fijo ya que puede ser cesado o removido de su puesto y, por tanto, este nombramiento tampoco puede ser concebido como una medida sancionadora hacia la Administración.
● El hecho de que el empleado público no haya impugnado sus nombramientos y ceses no los priva de la protección de la normativa europea.

PILTEx señala que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido consciente del incumplimiento continuo y permanente de la Directiva 1999/70/CE por parte de la Función Pública, al destinar empleados públicos temporales a atender necesidades ordinarias y estables durante más de 20 años. Por supuesto, este órgano carece de competencias para fijar las sanciones correspondientes, por lo que deberán ser los Tribunales nacionales quienes determinen las penas adecuadas para reprimir el abuso». Éstas, aclara la Sentencia del 19 de marzo, deberán estar en consonancia con las siguientes exigencias:

● Ser proporcionadas, efectivas y disuasorias para garantizar el Acuerdo Marco.
● Tener por objeto compensar específicamente los efectos de la utilización abusiva de contratos temporales. Y, como ya se ha expresado, ni los procesos selectivos ni el nombramiento de los perjudicados como indefinidos no fijos lo consiguen.
● Existir actualmente en el Derecho español.

PILTEx indica que «con estas premisas, y ya que la legislatura española no prevé ni establece indemnización a favor de los empleados públicos en caso de contratos ilegales por causa de temporalidad, a la Administración se le pone muy complicado cumplir con la Sentencia europea, por lo que no cabe más opción que la transformación de la relación temporal en una relación fija, con derechos iguales o equivalentes que los funcionarios de carrera y laborales. Medida que sería la única legal, eficaz, moral y coste cero para las arcas públicas».

En definitiva PILTEx, la asociación independiente que ha aglutinado del orden de 500 trabajadores hasta el momento, se encuentra muy satisfecha del esfuerzo que ha realizado durante estos largos meses. «Sabemos que todavía no todo está conseguido, pues UGT, CC.OO y CSIF en connivencia con Función Pública siguen bogando por llevar adelante la OPE que pactaron y que ahora se confirma como ilegal, pero hace dieciocho meses todo parecía imposible para este grupo de temporales y el día 19 se ha demostrado que lo único imposible es no conseguir nuestro propósito».