La  Federación de Municipios  y Provincias de Extremadura (FEMPEX)  reclama al Gobierno Central  que permita  que los Ayuntamientos y  las Diputaciones Provinciales  cuenten con las herramientas legales  suficientes, dentro de sus competencias,  para  impulsar planes de empleo, de mejora de servicios públicos y de inversión que ayuden a la ciudadanía de sus pueblos y ciudades, a  las empresas y al  tejido productivo  local a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que se van a derivar de la crisis sanitaria que estamos atravesando.

Así se lo ha trasladado la FEMPEX al presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, mediante una carta, en la que le insta a que “inicie a la mayor brevedad posible una interlocución con el Gobierno de la Nación  con el fin de que las entidades locales vean flexibilizada  la legislación en vigor,  para que puedan incorporar su remanente acumulado al presupuesto ordinario de 2020 y a sucesivos ejercicios”.

Estas demandas planteadas por Extremadura han sido aprobadas por unanimidad en la Junta de Portavoces de la Federación de Municipios  Provincias de Extremadura, reunida ayer viernes por vía telemática.

Es cada vez más evidente, se señala en el texto, el alcance social que las consecuencias que esta crisis sanitaria va a provocar. Por ello, ahora más que nunca “es necesario que las entidades locales dispongamos de capacidad competencial y recursos suficientes para hacer frente a esta situación en nuestros respectivos pueblos y ciudades”. Igual, recalca,  que el Gobierno de la Nación  y los diferentes Gobiernos autonómicos han anunciado ya sus primeras medidas destinadas a corregir los efectos de esta circunstancia, dando apoyo a los que más lo van a necesitar:

Cabe recordar que aunque el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ya establece que las corporaciones locales podrán disponer de una parte del superávit del ejercicio 2019, en concreto de 300 millones de euros, para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia.

“Llevamos años acumulando importantes remanentes engrosados con varios años consecutivos de liquidaciones presupuestarias positivas. Muchas de nuestras entidades locales están saneadas y disponen de depósitos bancarios que es imposible incorporar a nuestros presupuestos como consecuencia de las limitaciones establecidas en la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y límite de gasto”.

Por ello las entidades locales de Extremadura  van más allá y señalan que “entendemos que  dada la situación de absoluta excepcionalidad que estamos atravesando, se requiere también de respuestas extraordinarias”.

De otro lado,  y en relación a los ayuntamientos que están inmersos en Planes de Ajuste y no tienen la posibilidad de incorporar el remanente acumulado, se le solicita al Gobierno Central que éstos consistorios vean flexibilizada la normativa que los regula, con el fin de poder invertir también en medidas para hacer frente a la delicada situación social y económica generada por esta crisis sanitaria.

Del mismo modo, en la carta también se da a conocer a Caballero la primera contribución hecha por entidades locales extremeñas para combatir los efectos negativos de la crisis sanitaria sobre las pymes y sus empleados. Medida que ha consistido en urgir a los ayuntamientos de la región, siempre que sus posibilidades económicas lo permitan, y en uso de su autonomía municipal, a que agilicen el pago de todas obligaciones contraídas con las empresas proveedoras de bienes y servicios, para mejorar su liquidez y ayudarles a mantener el empleo.

Medida, que la Federación extremeña ya tiene constancia que están aplicando numerosos ayuntamientos extremeños y que la Confederación Regional Empresarial Extremeña, CREEX, ha valorado muy positivamente.