La junta directiva de Asaja Extremadura, reunida en la tarde de ayer de manera extraordinaria, ha acordado por unanimidad impugnar -primero por vía administrativa y posteriormente por vía judicial- el acuerdo para la firma del convenio del campo alcanzado este jueves por algunas organizaciones agrarias y los sindicatos. En dicha reunión, como ya avisó el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, no acudió esta organización agraria por la falta de adopción de medidas solicitadas en la situacion de fase de pandemia en la que nos encontramos.

Esta organización agraria no está de acuerdo ni en la forma ni en el fondo del acuerdo alcanzado. En la forma, y de ahí la impugnación, porque ni UPA-UCE ni Coag están legitimados para estar presentes en la mesa de negociación al no contar, como rige el Estatuto de los Trabajadores, el 10% de representación empresarial y la ausencia de ASAJA EXTREMADURA por motivos sanitarios.

En cuanto al fondo del acuerdo, Asaja Extremadura considera “que penaliza a los productores de una manera muy grave con una subida añadida al 20% de incremento salarial en los dos últimos años y, sobre todo, por la actual situación de ‘persecución’ ordenada por la ministra de Trabajo a los empresarios del campo al enviar a los inspectores laborales a encontrar situaciones de “esclavitud”, según sus propios términos, estigmatizando así al empresariado agrícola español.

“El campo no está para firmar convenios sino para que le salven”, ha añadido, por lo que no entiende el comportamiento de aquellos que dicen pertenecer a las OPAS. En este sentido, Ángel García Blanco califica de simple declaración de intenciones la posición favorable mostrada por Apag Extremadura Asaja (Badajoz), dado la necesidad de acuerdo entre ambas provincias, tal como se recogió en el pacto de las elecciones agrarias que determinaba una posición común al respecto.

Así, explica que “venimos soportando una grave crisis, no sólo sanitaria motivada por el COVID-19, sino la de unos  precios por los suelos que nos llevó a salir a las carreteras y que no se han resuelto, a lo que se une la doble subida del SMI impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez”, señala Ángel García Blanco, quien también considera muy negativo el pacto alcanzado por el Gobierno de España con Bildu –y todavía no desmentido oficialmente- para abolir de forma ‘’’integra’  la reforma laboral en vigor. A todo esto, hay que añadir las malas noticias que llegan desde Bruselas para la nueva PAC, que incluye en sus primeros borrador un descenso del 9% del presupuesto para la agricultura.

Teniendo en cuenta todo este contexto, “nadie en su sano juicio puede entender que se firme ese convenio bajo ningún concepto”, advierte el presidente de Asaja Extremadura, quien considera que la gota que colma el vaso a las condiciones planteadas en el convenio es la subida del 3,27% del precio de las peonadas, que pasarán de 47,34 a 48,89 euros.

Ángel García Blanco recuerda que sin estar firmado el convenio del campo este pasado mes de mayo el sector agrario “salvó los muebles’ de la pésima evolución del paro firmándose en el sector agrario casi el 65% del total de contratos en Extremadura, con 25.738 nuevos empleos de los 39.694 totales.