El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma en el proceso hacia la “nueva normalidad” motivado, según han informado en su comparecencia la vicepresidenta primera consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la consejera de Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, en la “urgencia de dar respuesta a las condiciones en las que vamos a vivir una vez se levante el estado de alarma y enmarcado en el propósito de hacer frente a este momento de crisis social y socioeconómica que vivimos”.

Según la vicepresidenta primera, la situación sanitaria derivada de la crisis de la COVID 19 prevalecerá por lo que es necesario establecer un marco normativo para prevenir y responder con rapidez a cualquier modificación de la situación sanitaria, teniendo en cuenta que se debe recuperar la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas en las mejores condiciones.

Esta situación es lo que ha motivado la adopción de las medidas extraordinarias y urgentes que se incluyen en este decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para impulsar la actividad económica de modo que se genere empleo, así como otro tipo de decisiones de carácter social y simplificación administrativa para que esas medidas sean eficaces y eficientes.

El decreto ley tiene tres objetivos, ha dicho Blanco-Morales; garantizar una adecuada respuesta sanitaria y sociosanitaria ante posibles imprevistos, evitar consecuencias en el empleo y la economía que lleguen a ser permanentes y se conviertan en estructurales y reducir el impacto social y acompañar la reactivación empleo y economía, “por eso se incluyen diferentes propuestas de varias consejerías”.

Este decreto ley contempla medidas en el ámbito de la economía, la sanidad, las infraestructuras, la economía, la agricultura y la administración.

Por lo que respecta al ámbito de la Economía, este decreto contempla dos importantes medidas, como son la declaración de determinadas iniciativas empresariales como Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA), que desempeñarán un papel fundamental en este momento en el que se pretende la reactivación económica, ya que suponen la realización de proyectos de inversión para la implantación o ampliación de instalaciones empresariales en Extremadura y generan un impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo; declaración de la que quedan excluidas las iniciativas relacionadas con los sectores inmobiliario, energético, financiero y del juego.

A estos proyectos se les exigirá una serie de condiciones relacionadas con los niveles de empleo, inversión, facturación y compromisos de responsabilidad social corporativa. La declaración como PREMIA tendrá efectos tales como que a efectos de tramitación administrativa serán declarados de urgencia, se le eximirá de la licencia urbanística que se sustituye por el trámite de consulta, serán declarados de interés público o social y se establecen o amplían las servidumbres de paso para vías de accesos, líneas de transporte o de distribución de energía, canalizaciones de líquidos o gas y, también, se establécela posibilidad de concesiones directas de ayudas para contratación de acciones formativas para los trabajadores, punto este último en el que colabora la Consejería de Educación y Empleo.

En este ámbito económico el decreto ley establece además, como medida medida transitoria, la ampliación durante tres meses de la apertura de establecimientos comerciales domingos y festivos. Su objetivo es evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan aglomeraciones, dado que con la finalización del estado de alarma dejan de estar vigentes las restricciones de aforo. Asimismo, el consumidor tendrá un amplio margen para elegir el momento de acudir con comodidad a adquirir los productos que considere oportunos.

Contempla el decreto ley importantes medidas de la Consejería Sanidad y Servicios Sociales y con las que se pretenden cubrir las posibles lagunas que pudieran producirse una vez se acabe el estado de alarma pero aún hay restricciones que deben cumplirse. En este sentido se han definido las decisiones que son competencia del Consejo de Gobierno y las que corresponden al titular de la Consejería.

Algunas de estas normas se relacionan con las intervenciones, a las que se le da cobertura jurídica, en centros residenciales de personas mayores cuando sea necesario adoptarlas y, además, se establece un régimen sancionador por el incumplimiento de medidas preventivas.

AGRICULTURA Y MOVILIDAD

El decreto ley aprobado adopta igualmente importantes medidas que refuerzan el futuro inmediato de estructuras de producción agraria e industrias agroalimentarias con el objetivo, en este caso, de optimizar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Las medidas afectan directamente a las denominaciones de origen que verán incrementada su autonomía lo que demuestra, según la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, que todas las medidas que se han adoptado en esta nueva norma “se fundamentan en las buenas prácticas, la gobernanza y confianza en trabajadores y empresarios de Extremadura”.

Se regula también la posibilidad de compatibilizar en el uso de terrenos forestales la lucha contra incendios forestales con la actividad agrícola, modificaciones de actividad que se harán con menos trámites.

La actividad de los feriantes también se regula en este decreto ley en el que se atienden reivindicaciones de este colectivo suprimiendo cargas administrativas como el caso de la inspección de las atracciones y posibilitando que los ayuntamientos adopten esta iniciativa que, como todo el contenido del decreto ley ha sido consensuado con agentes sociales y grupos políticos, y faciliten la instalación de atracciones de feria en sus municipios fuera de temporada para el ocio ciudadano, población infantil principalmente, con garantías de seguridad.

Por lo que respecta a Movilidad, son dos las medidas incluidas en el decreto ley; por un lado se flexibilizan las obligaciones contractuales de las compañías y se garantiza jurídicamente el transporte a demanda facilitando una oferta digna y segura. Por otro lado, también se da cobertura legal al transporte sociosanitario en vehículos, taxis, que podrán ocuparse en su máxima capacidad permitida y por personas que no necesitan asistencia sanitaria.

Por lo que se refiere a trámites administrativos el decreto ley amplia los supuestos de contratos en los que no se exige tres propuestas.

En cuanto a la Administración se reorganizan las oficinas de Registro y de Atención al Ciudadano para prestar los servicios en las mejores condiciones seguridad para los empleados y de mayor calidad a los usuarios.

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Además de este decreto ley el Consejo de Gobierno ha sido informado del Plan Anual de Comunicación y Publicidad Institucional elaborado por este departamento para el año 2020 y en el que se incluyen todas las campañas institucionales que prevé desarrollar la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus entidades adscritas, a partir de las propuestas recibidas de todas las consejerías.

El Plan Anual de Comunicación y Publicidad Institucional establece las indicaciones necesarias sobre el objetivo de cada campaña, el coste previsible, el periodo de ejecución, las herramientas y soportes de comunicación utilizados, el sentido de los mensajes, las personas destinatarias y los organismos y entidades afectadas. Cuenta con un presupuesto de 4.074.828 millones de euros.