El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha anunciado la contratación de 130 docentes más, con los que el incremento total de la plantilla funcional de docentes para hacer frente a la COVID-19 será de 744 plazas docentes. Estas nuevas plazas se destinarán a la bajada de la ratio en Infantil y al programa de apoyo educativo domiciliario, principalmente.

Esta es una de las novedades sobre las que ha informado Francisco Javier Amaya tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación en la que se ha aprobado una nueva instrucción que completa la enviada en julio a los centros y que, junto a la Guía general y el Protocolo preventivo, “permite dar respuesta, seguridad y organización al curso 2020/2021”, ha dicho.

El conocimiento de nuevos estudios, según los cuales los niños y niñas más pequeños son los más asintomáticos, pero los que tienen más carga viral, ha obligado a la Consejería de Educación y Empleo a replantearse las ratios de los grupos estables de convivencia de más de 25 alumnos. Así, con esta medida, la ratio media quedará en 18 alumnos y alumnas por aula de Infantil.

Además, se extremarán las medidas de prevención, dotando a los maestros de Infantil de mascarillas FPP2 y pantalla facial cuando sea necesario.

Unas 40 de estas nuevas plazas se destinarán al Plan de Apoyo Educativo Domiciliario que, dotado con 1,5 millones de euros, permitirá atender al alumnado con necesidades educativas especiales o que no pueda asistir al centro por prescripción médica. Los perfiles de estas plazas dependerán de las características del alumnado, pudiendo ser orientadores, especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o de apoyo en primaria y secundaria.

Dicho plan se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial PROA PLUS, que también incluye un programa de formación para las familias que impartirán los profesores de los centros, a los que se les remunerará por horas, y con el que se pretende fomentar la competencia digital de las familias, sobre todo, las más desfavorecidas.

En cuanto a la organización escolar, la instrucción “pretende dar certezas y seguridad a los centros”, por lo que el paso de un escenario a otro “ha quedado perfectamente protocolizado” -afirma Francisco Javier Amaya-, estableciendo la coordinación entre los equipos directivos, la inspección educativa y una persona referente de cada área de Salud Pública.

En este sentido, el secretario general de Educación ha explicado que el paso de un escenario a otro vendrá determinado por el número de casos positivos y que se pasará de enseñanza presencial a semipresencial cuando las autoridades sanitarias consideren que debe haber menos alumnos en un centro o determinen el confinamiento parcial o total. “Hablamos de confinamiento parcial cuando un aula o dos pasan a enseñanza a distancia y de confinamiento total cuando es necesario cerrar todo el centro”, ha aclarado el secretario general.

Así, un aula de un grupo estable de convivencia se cerrará durante 15 días cuando se confirme un caso sospechoso, momento en el que el aula pasará a enseñanza a distancia. En los grupos que mantienen 1,5 metros de distancia, se pondrá en cuarentena al positivo y a los contactos estrechos.

Además, si en un centro hay varios docentes que dan positivo, pero no hay alumnos afectados, éstos serán sustituidos en 24 horas por docentes interinos, gracias a “un sistema de llamamiento express” acordado con los sindicatos en la Mesa Sectorial, según ha anunciado Amaya.

La nueva instrucción, con la que se pretende adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la organización de los centros a la evolución de la COVID-19, es “un documento que da seguridad y nos permite actuar con rapidez”, ha concluido el secretario general de Educación.