UPA-UCE Extremadura reclama a la Junta de Extremadura que cumpla su compromiso con los agricultores y ganaderos de la región y pague a tiempo las ayudas de la PAC, que son fundamentales para muchos profesionales de la actividad ya que representan un tercio de los ingresos de las explotaciones.

Debido al impacto de la COVID, la Unión Europea adoptó dos medidas para aumentar el flujo de carga de los agricultores, como aumentar el anticipo de los pagos a partir del 16 de octubre y reducir los controles físicos del 5 al 3% y flexibilizarlos. “Para que nos hagamos una idea, esta medida supone que más de 33000 explotaciones extremeñas reciban un montante de 300 millones de euros entre pago básicos y pago verde”, destaca el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Desde esta organización agraria mantienen la importancia de este anticipo, ya que supone dar fluidez económica a las explotaciones que lo están pasando mal no solo por la COVID, sino también por los precios ruinosos que se dan en muchos sectores y las importantes bajadas de producción debido a los problemas climáticos. “El gobierno regional tiene que cumplir su compromiso y permitir que esos pagos sean una realidad”, reclaman.

Con respecto a la campaña del maíz, UPA-UCE destaca que se ha visto muy afectada por la climatología, con un retraso en la siembras debido a las lluvias y a las olas de calor, que han reducido la producción en torno a un 15%.

Esta organización agraria pone en valor que el maíz es un cultivo estratégico del regadío extremeño, ya que ocupa más de 40.000 hectáreas y el valor de la producción asciende a cien millones de euros. Además, sirve como regulador del resto de cultivos. Sin embargo, los precios siguen siendo muy bajos. “El principal problema del sector son los bajos precios, que siguen congelados desde hace 30 años mientras los costes se han disparado”, apunta Huertas.

Esta situación está propiciando una pérdida importante de superficie, pasando de 50.000 hectáreas en 2016 a 41.000 este año.

Por todo ello, desde UPA-UCE insisten en la necesidad de establecer una cláusula de salvaguarda que impida las importaciones masivas de países terceros durante la comercialización de nuestro maíz.