El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha intervenido en la Comisión de la Asamblea que estudia la problemática de precios que tienen los productores del campo y ha reconocido el importante trabajo realizado en las dos modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria, “que van en la dirección correcta y que también son el fruto de las movilizaciones históricas que realizó al sector a principios de este año”.

Desde esta organización agraria han destacado que el problema de los precios ha ido creciendo de manera gradual hasta convertirse en uno de los principales problemas del sector agrario en Extremadura y en el conjunto de España.

Sobre la modificación de la Ley de la Cadena, que ha sido aprobada recientemente por el Gobierno, Huertas ha señalado que representa una conquista histórica para los agricultores y ganaderos españoles y extremeños. “Llevamos muchos años en los que el precios se viene fijando de arriba para abajo y ahora la ley plantea que se haga al revés, con el fin último de que los agricultores cobren precios justos para sus productos”, ha destacado.

Además, desde UPA-UCE insisten en que es necesario que el anteproyecto de ley se mejore en el trámite parlamentario con el objetivo de dar una mejor respuesta ante este problema. También es necesario que las comunidades autónomas se impliquen para garantizar el cumplimiento de la ley actuando de manera coordinada con el gobierno central.

Por ello, UPA-UCE ha propuesto la creación de un Observatorio de Precios regional con el objetivo de tener referencias de costes de producción cercanas a los costes reales de los agricultores y ganaderos extremeños, para que éstas sirvan a la hora de denunciar incumplimientos sobre la prohibición de pagar precios por debajo de costes. “Nada tienen que ver los costes de un agricultor de Murcia con otro de Extremadura”, insiste Huertas.

En su comparecencia, Huertas ha reclamado más inspección y control sobre el cumplimiento de la Ley, en coordinación con la AICA, que deberá contar con funcionarios específicos de la Junta que inspeccionen y denuncien si es necesario. “Necesitamos que se lleven a cabo campañas de información sobre la Ley para sensibilizar a todos de su cumplimiento”, ha pedido.

Desde UPA-UCE insisten en que único que puede garantizar el futuro de los agricultores y ganaderos es que puedan vender sus productos a precios que cubran lo que les cuesta producirlo. “Animamos a las administraciones y a nuestros políticos a que se impliquen para garantizar que esto se cumpla”.