Unas 40 familias extremeñas, en las que alguno de los miembros está considerado de alto riesgo al Covid-19, reclaman a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que se les impartan a sus hijos todas las clases online en directo para evitar el grave peligro de contagio que supone la asistencia presencial al colegio. Las familias han recurrido al amparo y mediación de la Asociación para la Defensa de la Inclusión Educativa en Extremadura (ADIEEX) tras recibir la negativa reiterada de Educación de darles una solución satisfactoria.

En este sentido, la Asociación ha remitido ya a la Secretaría General de Educación un escrito solicitando una solución urgente para los afectados que, a su juicio, pasa por la evaluación caso a caso, la impartición virtual en directo (por streaming) de todas las clases y la implantación de protocolos de actuación específicos para familias vulnerables como en otras comunidades autónomas, como Andalucía, Euskadi o Galicia. En estas dos últimas comunidades autónomas, esta misma semana se ha acordado conceder el derecho a las clases a distancia a partir del próximo trimestre a todos los alumnos en circunstancias de vulnerabilidad, ya sea por ellos mismos o por enfermedades de los padres, y así se les ha comunicado a los centros educativos vascos y gallegos.

ADIEEX asegura que los protocolos de actuación frente al Covid que ha diseñado la Consejería de Educación de Extremadura contemplan todos los escenarios posibles respecto a los alumnos y centros escolares, pero no ha tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad que puede darse en una familia cuando los padres, otro miembro conviviente o el propio niño están considerados personas de alto riesgo por padecer enfermedades crónicas o inmunodeficiencia, como ocurre en estos casos.

“En Extremadura tenemos el programa Proa Plus de apoyo educativo domiciliario para impartir clases online a los alumnos que han tenido que ser aislados por algún positivo en Covid o por confinamiento de su clase. Sin embargo en los casos de las familias que han contactado con nosotros, que son los padres los que deben permanecer aislados, y que por ello están obligados a teletrabajar, o los propios niños, solo se pueden acoger parcialmente a este programa, con menos horas de clases online que el resto de alumnos (cuatro en vez de seis a la semana) y con la asistencia a la vivienda del docente de apoyo, lo que agrava el riesgo de contagio por el acceso al domicilio de una persona ajena a la unidad de convivencia”, explica Paquita Escobero, presidenta de la asociación.

Así, cuando las familias han comunicado su situación a los centros, con la decisión de no enviar a sus hijos a clase ante el riesgo que suponía y la petición de que se les impartan todas las clases online de forma simultánea a las presenciales (por streaming), los centros han remitido los casos a la Inspección Educativa y finalmente se ha desestimado sus solicitudes. En algunos casos, incluso, la negativa de algunos de estos padres a llevar a sus hijos a clase ha tenido como respuesta la amenaza, por parte de los servicios educativos, de activar el protocolo de absentismo escolar que podría afectar a la custodia de los niños, lo que ha sumido a las familias en un profundo temor. “Hay familias que están viviendo un calvario”, asegura la presidenta.

ADIEEX denuncia que, al no haberse previsto protocolos específicos de actuación para este tipo de familias, con situaciones sanitarias muy heterogéneas y delicadas y con el agravante de que Sanidad no facilita informes médicos que permitan evaluar cada situación, los servicios educativos han ido aplicando una gran disparidad de soluciones. “Se ha ido actuando a salto de mata porque no se tenía un plan antes del inicio del curso y con una gran diferencia entre las dos provincias. Hay familias a las que se les ha concedido acogerse al programa Proa Plus pero a otras en las mismas circunstancias, no. Incluso en Cáceres, a algunas familias se las ha valorado en situación de grado III que sí les posibilita el acceso a las clases online”, explica la presidenta de la asociación.

Además, añade, “se tardan en evaluar los casos y darles una respuesta, lo que afecta directamente a la educación de estos niños, vulnerando el principio de igualdad educativa a la que se debe la Administración, y acrecienta el estrés de las familias”.

Por todo ello, ADIEEX insiste en la necesidad de dar prioridad al derecho a la vida sobre el derecho a la educación -como ha apuntado la Abogacía del Estado en el informe emitido sobre la negativa de padres de alumnos a llevar a estos a centros docentes por razón de la pandemia causada por el COVID-19-, que se establezca un protocolo de valoración de familias de manera individual y un procedimiento que puedan seguir para solucionar y regularizar su situación, para lo que se ofrece como mediadora.