La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado el mayor paquete de licitaciones de obra hidráulica de los últimos años en la región, por un importe superior a los 54,5 millones de euros, destinados a la contratación de 19 obras hidráulicas.

Para 2021, la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas cuenta con una dotación presupuestaria de 32,81 millones de euros habiendo aumentado en un 8,18 por ciento sobre el año anterior. Durante el pasado año se avanzó en la ejecución de 35 obras y la licitación de otras 21, movilizando casi 19 millones de euros. En paralelo, se ha estado trabajando en la redacción de proyectos técnicos añadidos, que nos permitirán publicar durante 2021 nuevos expedientes de contratación, mientras se tramitan los que ahora se anuncian.

Esta inversión conlleva un relevante impacto económico, “una inyección vital para el sector de la obra pública”, que supone “un gran avance en la mejora de los servicios básicos en nuestra región y un gran progreso en el cumplimiento de los objetivos que marca la Directiva Europea del Agua”, según la consejera.

Acompañada por el director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez, la consejera ha explicado que “2020 ha sido un año muy complicado y hemos tenido que realizar importantes esfuerzos para atender servicios y situaciones esenciales”, con un intenso trabajo para avanzar en la dotación de infraestructuras básicas, “aquellas que nos permiten disponer de servicios esenciales como el abastecimiento de agua y el saneamiento, servicios que no deben interrumpirse ni un solo día”.

Desde el comienzo de esta legislatura se desarrolla el Plan Plurianual de Infraestructuras Hidráulicas 2016/2030 y “estamos atendiendo progresivamente los compromisos que incluye, dotando de depuradoras a aquellos municipios que carecen de ellas y modernizando las que lo requieren”, aseguró la consejera.

“Estamos afrontando los problemas de los sistemas de abastecimiento e incidiendo en la calidad del suministro, todo ello desde una concepción integral del agua como un bien público, y un recurso imprescindible pero finito y vulnerable”.

Olga García ha señalado que estas inversiones “se enmarcan en los esfuerzos para lograr mejoras ambientales y favorecer la transición ecológica que, en línea con las directrices europeas, se configura como un motor necesario para la recuperación y para la mejora y protección de nuestro patrimonio natural”, y ha afirmado “nuestro compromiso para seguir manteniendo esta línea de trabajo y de inversión en los próximos años”.

“El agua no es responsabilidad únicamente de la Junta de Extremadura”, ha subrayado Olga García, ya que la problemática del agua es común el Ejecutivo regional “apoya a las poblaciones de toda la región con la dotación de las grandes infraestructuras hidráulicas y son los ayuntamientos quienes ejercen la responsabilidad de su cuidado, de su mantenimiento y ser garantes de la continuidad y sostenibilidad de los servicios urbanos del agua”.

Es tarea de toda la sociedad extremeña implicarse en la disponibilidad del agua y su utilización racional, en palabras de la consejera, porque “el agua es un recurso escaso y el cambio climático nos lo va a poner difícil. Los datos de nuestras dos demarcaciones hidrográficas principales y, especialmente, la del Guadiana, con un nivel del 33,88 por ciento de agua embalsada, muestran de manera evidente una disminución significativa de los recursos hídricos disponibles”.

Extremadura es la región con la capacidad de almacenaje más alta del país y por ello “son imprescindibles infraestructuras que traten, distribuyan y depuren las aguas, y que están alineadas con los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones hidrográficas”.

Estas nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales constituyen la ejecución de parte de los compromisos adquiridos a través de los protocolos de actuación que se formalizaron entre la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales en noviembre de 2019, un ejemplo de colaboración interadministrativa en materia de depuración para pequeñas poblaciones que ha servido de referente a otros territorios, como por ejemplo Castilla y León, que han seguido esta misma senda.

“Las obras que hoy presentamos suponen un punto y seguido en un proceso inversor que mejora el bienestar general y contribuye a enfrentar el reto demográfico, en el que afortunadamente estamos contando con la complicidad del actual Gobierno de España” ha expresado Olga García, quien ha reafirmado “el compromiso insoslayable de la Junta de Extremadura con el agua y su aprovechamiento racional, y con la garantía de su suministro y depuración para todos los ciudadanos y en todas las localidades extremeñas”.

Con este objetivo, durante 2020 se ha desarrollado un amplio proceso de diálogo para elaborar el borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Ciclo Urbano de Extremadura, en la que se ha contado con la participación de más de 300 agentes públicos y privados de todos los sectores relacionados con la gestión del agua. En los próximos meses, se iniciará su tramitación con el objetivo de que entre en vigor en 2022.

INVERSIÓN EN 19 LOCALIDADES

Por su parte, Álvaro Jiménez detalló las inversiones en las 19 obras que conforman los 54,5 millones de euros de inversión, que afectan a las localidades de Alía, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Cañamero, Carcaboso, Castañar de Ibor, Castilblanco, Deleitosa, Higuera de la Serena, La Zarza, Mérida, Montánchez, pedanías de Olivenza, Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Puebla de Sancho Pérez, Santibáñez el Bajo, Valdivia y Valle de la Serena.

Además del precio de la obra, los importes incluyen la asistencia técnica para la dirección, coordinación y vigilancia, es decir, por cada actuación se licitan dos contratos, uno de obra y otro de servicios que supone, éste último, aproximadamente el 10 por ciento de la inversión total de la actuación.

Las actuaciones se han agrupado en expedientes con varios lotes, con el objetivo de facilitar que los trabajos se repartan entre el mayor número de empresas posible, ya que el licitador que fuera adjudicatario de un lote no podría serlo de ninguno de los otros lotes del mismo expediente.

Todas las inversiones, a excepción de las depuradoras de las pedanías de Olivenza, cuentan con un 80 por ciento de financiación FEDER, y se trata, en su mayoría, de nuevas depuradoras de aguas residuales que permiten a Extremadura avanzar en el cumplimiento de la Directiva 91/271 y de la Directiva Marco del Agua, contribuyendo que los ayuntamientos ofrezcan mejores servicios esenciales en pueblos y ciudades.

“No debemos olvidar que los problemas no se resuelven cuando se terminan las obras”, ha asegurado Álvaro Jiménez, pues “hace falta gestionar adecuadamente las infraestructuras y por eso es tan importante que seamos conscientes que todas las administraciones públicas estamos implicadas directamente en la protección de los servicios del ciclo urbano del agua”.

Para ello, “necesitamos cuidar nuestros sistemas y redes de abastecimiento, porque son la principal fortaleza para enfrentar la disminución de la disponibilidad del recurso que ya padecemos”, ya que de nada sirve que construyamos depuradoras de aguas residuales, estaciones de tratamiento de agua potable o modernos depósitos de regulación, si no hacemos un uso responsable o si los ayuntamientos no atienden sus obligaciones conservando en perfecto estado las instalaciones y las redes de distribución”, ha añadido.

Por ello, en el caso de los municipios medianos y pequeños es vital el papel que juegan las diputaciones provinciales agrupando servicios y generando economías de escala, porque los pequeños municipios no tienen capacidad técnica y económica para atender de forma sostenible estas infraestructuras, siendo imprescindibles los modelos de gestión supramunicipales.

El cuidado y el mantenimiento de las infraestructuras es tan esencial como su construcción. La Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad va a mantener esta línea de trabajo y ya están en redacción cerca de 40 nuevos proyectos en materia de abastecimiento y saneamiento, que podrían suponer otros 80 millones de euros más de inversión para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la región.

En la actualidad, ya se depuran las aguas de más del 85 por ciento de los habitantes de Extremadura.