UPA-UCE Extremadura se ha reunido hoy con la consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, a quien ha reclamado un plan de choque urgente ante la fuerte sequía que vive el campo y que pone en peligro la campaña de riego.
Esta organización agraria le ha trasladado a García Bernal su preocupación por la escasez de lluvias y las graves consecuencias que esto traerá para la próxima campaña de regadío. “La Confederación del Guadiana tiene que pronunciarse ante la situación catastrófica y de ruina en la que quedan los agricultores afectados”, señala el secretario de agricultura de UPA-UCE, José Cruz.
Por ello, desde UPA-UCE han propuesto a la consejera de Agricultura la aplicación de una serie de medidas como ayudas directas para los regantes afectados que tengan reducciones de agua superiores al 50%; que se garantice el cobro de las ayudas correspondientes de la PAC sin penalizaciones; medidas fiscales; moratoria de dos años para los préstamos oficiales a los que estén acogidos los agricultores afectados; exención de la tarifa de utilización de agua y del canon de regulación y exención de las cuotas a la Seguridad Social, entre otras.
Además, esta organización agraria insta al Gobierno de España, en concreto al ministerio de Transición Ecológica, a que publique con la mayor brevedad posible un Real Decreto Ley de Sequía para las zonas regables de Extremadura. En esta línea, desde UPA-UCE insisten en la necesidad de convocar la mesa de la sequía con carácter urgente para poder evaluar esta situación.
Situación de emergencia
Desde UPA-UCE Extremadura destacan que cinco presas de la cuenca del Guadiana están en situación de emergencia, cuatro de ellas en alerta. Por su parte, los embalses extremeños se sitúan por debajo del 39% de su capacidad, lo que supone 20 puntos menos que la media de la última década. Por comunidades de regantes, la del Canal de Orellana es la que cuenta con menos agua disponible para poder regar en la próxima campaña.
Esta organización agraria reclama que todas las administraciones tomen “cartas en el asunto” y lideren la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar las gravísimas pérdidas que pueden sufrir los agricultores afectados. “Más de 10.000 explotaciones de la región podrían quedar abocadas a una ruina absoluta. Además, a esto se suma todo el entramado de industrias elaboradoras y transformadoras de producciones como el tomate, el arroz o la fruta que, en el caso de no poder regar, tampoco tendrán producto para elaborar”, lamenta Cruz.
UPA-UCE también le trasladará la crítica situación en la que se encuentran los regantes de la región a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, a quien reclamará que trabaje con el gobierno nacional en este ámbito.
“Hay mucha incertidumbre entre los agricultores porque no se puede repartir miseria o dejar a los agricultores sin poder regar. Por eso es necesario la puesta en marcha de un decreto que regule una situación de sequía extraordinaria como la que estamos viviendo ahora”, destaca el secretario de agricultura de UPA-UCE, José Cruz.
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