El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha solicitado por registro oficial a la Consejería de Educación que se dote a los centros públicos con un/a Maestro/a de la especialidad de Infantil para coordinar, impartir y tutorizar el primer ciclo de la etapa educativa de Educación Infantil (0 a 3 años), se iguale el horario educativo y se dote de los recursos personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

Según el artículo 3 del RD Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, la Educación Infantil es una etapa educativa, por lo que, además de los TEI, precisa del nombramiento de al menos un docente de Infantil para el primer ciclo, que se encargue de la coordinación del ciclo, con horario lectivo dentro de cada aula de 1 a 2 y de 2 a 3, de la elaboración del propuesta pedagógica del ciclo, programaciones, UD,…

En el artículo 11 de dicho RD habla del horario de la etapa, por lo cual este primer ciclo debe tener el mismo horario que el segundo ciclo, para que los docentes que los imparten puedan coordinarse entre ellos. Y el mismo período lectivo en el calendario escolar, pues si el segundo ciclo de Infantil termina en junio, la parte educativa del primer ciclo de Educación Infantil debe finalizar en la misma fecha al ser una sola etapa.

Si se amplía la entrada o salida del primer ciclo, debe dotarse al centro con el personal no docente correspondiente ya sea conserje, educador, acompañante,… durante el horario que no coinciden con los períodos de los horarios habituales del centro, al igual que pasa con las aulas matinales y comedores.

Su implantación en los centros públicos debe contar con los recursos y espacios adecuados a las necesidades asistenciales y educativas de estas edades, sin mermar los espacios que el centro dedica a otras actividades, como bibliotecas, aulas de informática, etc

Según PIDE, “a fecha de hoy la Consejería no se ha sentado a negociar ninguna normativa de desarrollo de la LOMLOE, lo que supone una temeridad y una grave irresponsabilidad al dejar fuera a los legítimos representantes de los docentes”.