La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, subraya que va a trabajar por las personas más vulnerables y para que la administración tenga piel y no sea un instrumento robótico y frío que contesta las solicitudes con un lenguaje inhumano.

El sistema de servicios sociales de Extremadura sigue mostrando, año tras año, los mismos desequilibrios y la misma ineficiencia. El principal de estos desequilibrios estructurales sigue siendo la ratio tan baja en la relación cobertura/gasto, siendo Extremadura una de las comunidades autónomas menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales.

La exclusión social, la atención a personas vulnerables, el apoyo a las familias, la situación extrema que viven muchas personas con discapacidad o las esperas en todos los procesos propios de la dependencia, son situaciones que deberían ser urgentes para un gobierno que se jacta de progresismo como el de Vara.

María Guardiola destaca que los cuidados a las personas están por encima de las ideologías y de los tejemanejes políticos, porque son un derecho y una obligación para el mantenimiento de la vida y la salud, invisibles históricamente, relegados al ámbito doméstico y atribuidos casi siempre a las mujeres.

Cuidarnos es patrimonio de todos y eso deberían ser los Servicios Sociales, un instrumento de protección y cuidado, bien engrasado y bien organizado, y cuando el PSOE en Extremadura deja morir la Ley de Servicios Sociales está negando el futuro a quien no tienen dinero para pagar el alquiler, para comer o para levantarse de la cama sin la ayuda de otra persona, para las mujeres maltratadas o para las personas mayores.

Para la presidenta de los Populares, las medidas sociales de Pedro Sánchez y de Guillermo Fernández Vara tienen magníficos titulares, pésimos contenidos y muchas trabas administrativas, algo que no debería ocurrir en nuestra región, donde el 38,7% de la población extremeña está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone casi once puntos por encima de la media nacional.

A esto, hay que sumarle que al cierre de 2021 unas 5272 personas se encontraban en lista de espera de la Dependencia. Y actualmente en Extremadura las personas con discapacidad tienen que soportar una espera de casi 3 años en la provincia de Badajoz y casi 2 años en la de Cáceres para ser valorados por los equipos.

Extremadura tardaría casi ocho años en reducir la lista de espera existente en dependencia, de seguir esta tendencia, a la que se suma el caos administrativo y a la deficiencia de servicios como la Red básica de servicios sociales, con un profesional de servicios sociales de atención primaria o comunitaria por cada 3148 habitantes, cuando la media estatal es de uno por cada dos mil, el servicio de ayuda a domicilio con una cobertura muy baja (0,6%), frente a la media estatal, que es de (5,1%), el Servicio de teleasistencia, con una cobertura extraordinariamente baja (1,1%), frente al 10,0% de media estatal o las plazas de alojamiento para personas sin hogar, 32 plazas por cada 100 000 habitantes, siendo 41,2 la media estatal.