La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asegurado que llevará a cabo una política fiscal de atracción con reducción de impuestos y con un trabajo constante para que Extremadura sea el mejor lugar para residir, para trabajar, para montar una empresa o abrir un negocio.

Todo ello, ha indicado, garantizando servicios fundamentales como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, con unos presupuestos equilibrados que se van a orientar al crecimiento económico de la región.

“Unos presupuestos que llegarán a todos y en los que se podrá apreciar el impacto territorial de cada medida, porque vamos a trabajar la cohesión interior, eso que tanto demandamos fuera con el resto de regiones, va a ser una prioridad dentro de nuestra región”, ha anunciado.

Así lo ha manifestado en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública de este viernes en la Asamblea de Extremadura, donde Manzano ha dado a conocer las líneas generales de actuación de su consejería para los próximos años.

La consejera ha destacado que este viernes el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el Decreto-ley que la presidenta María Guardiola dio a conocer el pasado martes y que contiene “medidas tributarias importantes” y ayudas económicas “muy relevantes” para las familias, autónomos y profesionales de la región.

“En 57 días de gobierno la presidenta María Guardiola ha cumplido con su compromiso y va a devolver a los contribuyentes extremeños una parte de lo que tanto esfuerzo les cuesta ganar”, ha recalcado.

Y lo hace, ha continuado explicando la consejera, “con una rebaja del IRPF que beneficiará a todos, pero que lo hará en mayor medida a aquellos que tienen un nivel de renta menor”. Así, los contribuyentes que ganan 20.200 euros brutos al año, de base imponible, alrededor de 1.200 euros en 14 pagas, van a disfrutar del mayor ahorro, casi 300 euros.

“Esto se llama cumplir con el principio de capacidad económica, cumplir con el principio de progresividad y avanzar en la configuración de un sistema tributario justo”, ha defendido Manzano.

El Decreto-ley también recoge la reducción en el impuesto de matriculación, la bonificación al 100 por cien del Impuesto sobre Patrimonio, el aumento a un 30 por ciento de la deducción de las cantidades por alquiler de vivienda habitual y la eliminación del impuesto sobre las viviendas vacías a grandes tenedores.

A ello se une la tarifa 0 para autónomos, el aumento de la ayuda por acogimiento familiar a 360 euros, ayudas directas al sector de la cereza y el incremento de la partida presupuestaria para el fomento de la contratación de seguros agrarios.

En este sentido la titular de Hacienda y Administración Pública ha anunciado que a estas medidas les sucederán otras que incidirán también en el IRPF; con la elevación en un 10 por ciento de los mínimos personal y familiar; en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con la bajada de los tipos de un 8 a un 6 por ciento; y con nuevas reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

“Con todo ello haremos justicia. Justicia tributaria con las familias, con los autónomos y con los profesionales que día a día luchan para mantener sus negocios”, ha aseverado.

En cuanto a los Presupuestos regionales, Manzano ha anunciado que irán acompañados de una memoria de impacto en los municipios.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, la responsable de Hacienda ha afirmado que la reforma del sistema de financiación autonómica va a ser una prioridad para el Gobierno, porque se debe contar con una norma que garantice la suficiencia financiera, simplifique la amalgama de fondos y transferencias y promueva un crecimiento cohesionado.

“Las variables como la superficie o la densidad de población deben cobrar mayor relevancia en el cálculo de las necesidades de cada Comunidad Autónoma”, ha reivindicado, al tiempo que ha explicado que en la actualidad la población ajustada se determina en un 97 por ciento por el concepto de población, mientras que la superficie solo cuenta un 1,8 por ciento.

Además, la consejera ha defendido que se debe dotar de mayores recursos al Fondo de Compensación Territorial, al tiempo que ha manifestado que solicitará al Estado una mayor inversión en Extremadura.

En relación a los fondos europeos, la consejera ha lamentado la escasa ejecución de los mismos por parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, algo que puede provocar que muchos de ellos se tengan que devolver.

Así, Manzano ha explicado que a fecha 31 de julio de 2023 hay comprometidos 244 millones de euros pendientes de pago, sin quedar tiempo en muchos casos para que se acometan las actuaciones pendientes ya comprometidas, ya que el plazo para que eso sea así termina el 31 de diciembre de 2023, lo que significaría la pérdida de esos fondos.

El Programa Operativo FEDER 14-20 a 31 de julio de 2023 se encuentra con un grado de ejecución de menos del 70 por ciento de gasto público certificado, con un montante de más de 290 millones de euros pendientes de certificar.

La consejera ha recordado que dicho Programa Operativo fue aprobado el 13 de agosto de 2015 y está en ejecución desde el 2016, por lo que no se entiende el bajo nivel de ejecución hasta la fecha.

FUNCIÓN PÚBLICA

También va a ser una prioridad para la Consejería de Hacienda y Administración Pública impulsar la labor que desempeñan los empleados públicos, su formación, y el desarrollo de sus carreras en las mejores condiciones posibles.

“Los empleados públicos son el principal activo con el que contamos y se lo vamos a reconocer”, ha asegurado.

Para ello, la consejera ha señalado que irá de la mano de los agentes sociales, de los sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores, a los que ya ha recibido la presidenta María Guardiola, y con los que, ha anunciado, ella misma también iniciará reuniones en breve.

Además, entre otras medidas ha destacado el compromiso firme de su consejería para el desarrollo de la Ley de Función Pública dando paso a nuevas titulaciones, ramas profesionales y nuevos perfiles, al tiempo que se agilizarán los procesos de estabilización de empleo funcionario y laboral pendientes de culminación.

Finalmente, la consejería trabajará en consolidar una Administración autonómica más moderna y eficiente, con nuevos procesos de agilización administrativa, para generar empleo y riqueza y con una nueva normativa de función pública.