El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha anunciado hoy en rueda de prensa el registro en la Asamblea de Extremadura de la Propuesta de Ley de Garantías para la Vivienda Pública en Extremadura, una iniciativa con la que los socialistas pretenden ofrecer una alternativa seria y responsable frente a la falta de acción en materia de vivienda del actual Gobierno autonómico, presidido por María Guardiola.

“Guardiola no tiene proyecto para Extremadura y, por tanto, no tiene proyecto ni respuestas para el principal problema de los extremeños: la vivienda. La vivienda es mucho más que un techo, es nuestra segunda piel, el lugar donde construimos un hogar y un proyecto de vida, ” ha subrayado Vergeles, quien ha recordado que la vivienda es el quinto pilar del Estado del Bienestar como ha señalado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En ese sentido, ha señalado  que la Ley de Medidas Fiscales aprobada por el Gobierno autonómico, junto a la construcción de las 3000 viviendas anunciadas por Guardiola, bajo el “rimbombante” nombre de Habita Extremadura, “no son soluciones reales ni efectivas para garantizar el derecho a la vivienda. Se trata de medidas que favorecen a quienes ya pueden acceder al mercado inmobiliario, entregando la vivienda al mercado y renunciando a cumplir la Ley Estatal de Vivienda. No solo no solucionan el problema, sino que lo agravan, dejando de lado a quienes más necesitan una vivienda accesible y asequible.”

Por ello, Vergeles ha explicado que la propuesta de Ley socialista nace como respuesta a la dejación de funciones y la actitud insumisa del Ejecutivo regional, que, lejos de abordar el creciente problema de acceso a la vivienda en Extremadura, ha optado por favorecer la especulación y la acumulación de inmuebles mediante políticas fiscales orientadas a rentistas y grandes tenedores, abandonando a las familias y jóvenes que necesitan una vivienda digna. “La señora Guardiola ha decidido echarse en brazos del mercado y renunciar a aplicar las herramientas legales que ya están dando frutos en otras comunidades, como la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda”, ha denunciado.

El presidente del grupo parlamentario socialista ha defendido que, aunque el PSOE no gobierna actualmente en la región, su grupo parlamentario se siente obligado a ejercer una oposición útil y propositiva, consciente de la urgencia de garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de precios disparados y falta de oferta pública y para que “nuestros jóvenes puedan desarrollar su vida con un empleo y una vivienda en nuestra región. “

La Propuesta de Ley registrada hoy incluye medidas para consolidar un parque público de viviendas estable y accesible, estableciendo que las viviendas protegidas de Extremadura mantengan siempre su carácter social, evitando que puedan ser objeto de especulación. Además, contempla habilitar suelo dotacional público para la construcción de vivienda protegida y promover la rehabilitación y revitalización de los cascos urbanos, especialmente en las zonas rurales, como herramienta clave en la lucha contra la despoblación y desarrollar la Ley de Reto Demográfico.

Del mismo modo, la iniciativa plantea la necesidad de realizar estudios rigurosos para determinar si existen zonas de mercado residencial tensionado en la región y actuar en consecuencia, algo que el Gobierno autonómico ni siquiera se ha planteado hasta la fecha. También propone recuperar el impuesto a las viviendas vacías de grandes tenedores, para que estas dejen de ser objeto de acumulación especulativa y pasen a cumplir su función social.

Vergeles ha destacado que la propuesta socialista apuesta, asimismo, por garantizar la accesibilidad universal en todas las viviendas protegidas, entendiendo que este principio debe ser un compromiso ineludible en cualquier actuación pública.

“Esta ley no solo es un freno al abandono y la desidia del actual Gobierno, sino una hoja de ruta clara para que la vivienda pública en Extremadura deje de ser un bien de mercado y pase a ser, como establece la Constitución, un derecho real y efectivo para todos y todas”, ha indicado.

Vergeles ha concluido afirmando que “frente a un Gobierno que baja impuestos a quienes más tienen y deja la vivienda en manos del mercado, nosotros defendemos el derecho a un hogar digno para la mayoría social. Porque hablar de vivienda es hablar de igualdad, de oportunidades y de futuro para Extremadura.”

Enmienda a la totalidad

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha anunciado además la presentación de una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Vox, que, según ha explicado, “pretende acabar con la seguridad necesaria en la gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares”.

Vergeles ha denunciado que la ultraderecha plantea eliminar la denominada “tasa Enresa”, una contribución obligatoria para las compañías propietarias de centrales nucleares, cuya finalidad es asegurar la correcta gestión de los residuos durante la explotación de las plantas y durante las décadas posteriores, debido a la peligrosidad que mantienen estos residuos.

“No se trata de un impuesto a las eléctricas, sino de un mecanismo esencial para garantizar la seguridad de todos y todas, también cuando nosotros ya no estemos, porque los residuos seguirán siendo peligrosos”, ha subrayado Vergeles.

El diputado socialista ha dejado claro que “la actividad de la Central Nuclear de Almaraz debe continuar, pero no a cualquier precio”, y ha instado a las compañías eléctricas a sentarse a negociar los impuestos de sociedades con el Gobierno, pero “lo que no vamos a permitir es que, para que sigan abiertas las centrales nucleares, lo que perdamos sea la seguridad en la gestión de los residuos, como propone Vox”.

Vergeles ha aportado además dos datos relevantes para contextualizar la situación: “Nos dicen que la tasa Enresa es gravosa para las empresas eléctricas. Sin embargo, Iberdrola, después de abonar dicha tasa, obtuvo en 2024 unos beneficios de 5.000 millones de euros, un 17% más que en 2023. Y, por si fuera poco, un directivo de Iberdrola cobra 90 veces más que un trabajador de la empresa. No parece, por tanto, que esta contribución sea un obstáculo insalvable”.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una enmienda a la totalidad a la propuesta de Vox, “con el objetivo de que se mantenga el actual Plan de Seguridad Nuclear del Gobierno de España y de que sigamos garantizando la protección de la ciudadanía y del medio ambiente frente a los riesgos de la energía nuclear”.