La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) denuncia públicamente la instrucción remitida hoy por la Administración General de la Junta de Extremadura a sus centros directivos, en la que se ordena la obligatoriedad de la prestación presencial del servicio para todo el personal teletrabajador durante los días de huelga convocados por USO.

Desde USO consideran esta instrucción una obstrucción directa a un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras. El comunicado de la Junta interpreta de manera arbitraria y extensiva el artículo 6.8 del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el teletrabajo en la Administración autonómica, imponiendo una presencialidad obligatoria generalizada que no está recogida en la norma.

El citado artículo establece claramente que “para garantizar los servicios mínimos los días de convocatoria de huelga, la prestación de servicios será presencial”, lo que significa que solo el personal expresamente designado en los servicios mínimos está obligado a acudir presencialmente. Extender esta obligación al conjunto del personal constituye, en palabras de USO, una interpretación interesada y contraria a derecho, que coarta la libertad sindical y limita de forma encubierta el ejercicio del derecho de huelga.

USO recuerda que ninguna administración puede restringir derechos fundamentales mediante una simple instrucción interna, ni alterar las condiciones de prestación del servicio reguladas en los Acuerdos Individuales de Teletrabajo suscritos por el personal empleado público. Cualquier medida que limite el derecho de huelga debe tener amparo legal expreso, proporcionalidad y motivación, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional.

“El sindicato considera especialmente grave que esta actuación provenga del propio Gobierno autonómico, que debería ser el primer garante de los derechos de sus empleados y empleadas públicas. En lugar de promover el diálogo y la negociación, la Junta pretende desincentivar la participación en la huelga mediante medidas coercitivas que vulneran los principios más básicos del Estado de Derecho”, señalan.

USO anuncia que adoptará las acciones legales y sindicales necesarias para defender el derecho de huelga y exigir la inmediata retirada de esta instrucción, instando además a la Junta a rectificar y garantizar el respeto pleno a los derechos constitucionales de su personal.

“No vamos a permitir que se criminalice el ejercicio de un derecho fundamental. Defender la huelga es defender la democracia y la dignidad de los empleados y empleadas públicas”, ha señalado Luis Manuel Gil, secretario general de USO-Extremadura.