Este 8 de marzo, las empleadas temporales públicas en fraude de ley por abuso de la temporalidad de la Junta de Extremadura y sus organismos autónomos reivindicamos que somos el 70 % del personal temporal, con una antigüedad de más de 15 años, y en torno a los 50 años de edad.

Queremos poner de manifiesto que hoy también es nuestro día, y que la Administración autonómica, en connivencia con los sindicatos mayoritarios en la Mesa de Negociación del empleo público nos aboca a la precariedad y al riesgo de exclusión social de continuar con las mal llamadas OPEs de “estabilización”. Por otra parte, ilegales según Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Queremos hacer notar a las autoridades con competencias en Recursos Humanos que detrás de las plazas estamos mujeres que hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas a los servicios públicos, y que no es moral ni ético en nuestra última fase de vida laboral nos aboquen al paro con un despido libre y gratuito.

Hemos demostrado durante décadas mérito y capacidad. Accedimos a la Función Pública superando, al menos, un proceso selectivo. Hemos sacrificado años de nuestros hijos e hijas preparando oposiciones; oposiciones que en muchos casos no se han convocado, o han sido tan exiguas que no nos ha permitido estabilizar nuestras plazas.

Y todo ésto con la dejadez total de los llamados sindicatos de clase, que nos han abandonado a nuestra suerte, siendo colaboradores necesarios en la precariedad y gran bolsa de temporalidad provocada por nuestras Administraciones empleadoras.

Este Gobierno progresista, que tan sensibilizado dice estar con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, no nos puede dejar atrás, no sería ético ni moral. Nos merecemos que también protejan nuestros derechos, como pretenden proteger al resto de mujeres trabajadoras, porque somos, ni más ni menos, que “SUS TRABAJADORAS”.

Por todo esto instamos a la paralización inmediata de todas las Ofertas de Empleo donde se vean afectadas las plazas de estas trabajadoras en fraude de ley, hasta que sea revisado cada caso y articulada una solución satisfactoria para todas las partes.