Desde el Sindicato PIDE informan sobre la problemática que se está generando en la Comunidad Autónoma de Extremadura con motivo de la suscripción y renovación de conciertos educativos que no cumplen con la normativa vigente en materia de ratios establecidas para su concesión, renovación o modificación.

El ámbito de actuación más directo del Sindicato PIDE en relación con los conciertos educativos se desarrolla en las comisiones de escolarización, órganos colegiados en los que sus miembros tienen funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento y control.

Estas comisiones son las encargadas de elevar a la Secretaría General la propuesta de vacantes o puestos escolares que se ofertan de un curso para otro en su ámbito de actuación. Obviamente, que se concierten unidades escolares innecesarias o que incumplen la normativa de ratios mínimas para centros privado-concertados repercute directamente en las propuestas de vacantes de las comisiones de escolarización y, en consecuencia, afecta a la oferta de plazas en los centros de titularidad pública.

Como cada curso escolar, a partir de enero de 2025 se constituyeron las primeras comisiones para la escolarización del presente curso escolar 2025-2026. En ellas, el Sindicato PIDE recordó la importancia de que, en la planificación de vacantes, se respeten tanto las ratios máximas en centros públicos como las mínimas establecidas en el DOE para los centros privado-concertados.

También se informó de que durante ese mismo curso finalizaba el periodo de vigencia de los conciertos educativos de las etapas de Infantil y Secundaria, por lo que las comisiones de escolarización no debían ofertar puestos escolares en unidades concertadas que no tuviesen contrato vigente para el curso 2025-2026. La razón era sencilla: la convocatoria de renovación de conciertos siempre se publica en junio y su
resolución llega en septiembre, mientras que las comisiones de escolarización elaboran sus propuestas mucho antes de esos dos periodos, en enero (para Secundaria) y antes de abril (para Infantil y Primaria). Por lo tanto, las comisiones de escolarización no pueden dar por hecho que las renovaciones de conciertos se vayan a conceder automáticamente, ni siquiera que los centros privados vayan a solicitarlas.

Además de la finalización de los acuerdos en estas etapas, y del reiterado incumplimiento —año tras año— de la normativa sobre ratios mínimas en los centros privados concertados, el Sindicato PIDE informó de que la oferta de los centros públicos, en la práctica totalidad de las localidades de Extremadura, era suficiente para cubrir la demanda de escolarización.

Por todos estos motivos, se entregó en todas las Comisiones de Escolarización un Anexo que recoge todo el sustento normativo y legislativo de las aportaciones realizadas por el Sindicato PIDE para que constara en acta.

En posteriores y sucesivas sesiones de las distintas Comisiones de Escolarización, el Sindicato PIDE presentó sus propuestas técnicas de unidades escolares. Las presidencias, representantes de la administración, también presentaron sus propuestas, al igual que algunos representantes de centros educativos públicos. Por tanto, al existir más de una propuesta de vacantes, se realizó votación entre los miembros de pleno derecho, y el resultado fue elevado a la Secretaría General de Educación.

El otro sindicato miembro de pleno derecho en las comisiones de escolarización no presentó propuestas en ninguna comisión y, además, en algunas comisiones sostuvo que los sindicatos no tenían derecho a presentarlas. De este modo, a falta de propuesta propia, evitaban tener que votar a favor de las propuestas del Sindicato PIDE, que estaban enfocadas en el cumplimiento de la ley y en la defensa de la Educación Pública.

Esta actitud sorprendió al Sindicato PIDE, en primer lugar, porque la normativa que regula los órganos colegiados y las comisiones de escolarización es clara al respecto y cualquier miembro de pleno derecho puede presentar una propuesta. Y, en segundo lugar, porque “resulta lamentable que un sindicato pretenda privar a los miembros de las comisiones de escolarización de su capacidad de propuesta y decisión, contradiciendo los principios fundamentales de la representación sindical; resulta inconcebible que un sindicato intente quitarse representación a sí mismo – y a los demás – ante una administración, sobre todo cuando está en juego la Educación Pública”, indican.

Finalmente, fueron las propuestas de las presidencias (representantes de la administración) las que salieron adelante, con la decisión de mantener concertadas todas las unidades de los centros privados que ya no tenían acuerdos vigentes para el curso 2025-2026. Ante estos resultados, el Sindicato PIDE se posicionó en contra, basando su postura en argumentos normativos y estudios técnicos. Incluso, en algunos casos, salieron adelante propuestas de la presidencia suprimiendo unidades públicas y creando nuevos conciertos, como por ejemplo, en la comisión de escolarización de Secundaria de la localidad de Badajoz.

Posteriormente, una vez que la Secretaría General de Educación publicó la oferta final de plazas para la escolarización, el Sindicato PIDE manifestó su desacuerdo en las comisiones de escolarización en los siguientes términos:

1. Porque en gran parte de los centros privado-concertados se incumplían las ratios en Infantil, Primaria y ESO.

2. Porque en muchas localidades, estos incumplimientos no eran nuevos, sino que se venían produciendo desde hace muchos años, curso tras curso, en un contexto de descenso continuo de la natalidad en la región.

3. Porque los conciertos de Infantil y Secundaria finalizaban en el curso 2024 2025, y no era razonable que, con los antecedentes existentes y los datos actuales, se fuesen a renovar por otros cuatro años. Cuatro años más de perjuicio para los docentes y los centros públicos, que deberían haber mantenido más unidades si no se hubiesen suprimido en años anteriores por mantener los conciertos.

4. Porque no solo se incumplía la normativa de ratios, sino porque también este incumplimiento expone a los centros públicos a la desaparición de sus unidades y líneas, y en algunos casos, su cierre posterior.

5. Porque, para mayor indignación, muchos centros públicos quedarían con ratios máximas de 30 alumnos en Secundaria y Bachillerato, 25 en Primaria y 22 en Infantil, incluso superando las ratios máximas de la ley sin desdoble de grupos, mientras que los centros privado-concertados volverían a tener unidades con hasta solo 4 alumnos (caso de Cabeza del Buey).

Esta situación no solo se está dando en Cabeza del Buey y en Fuente de Cantos, también se están dando casos iguales o similares en otras localidades donde también se siguen renovando conciertos en centros privados: Hornachos, Villafranca de los Barros, Llerena, Guareña, Zafra, Don Benito, Villanueva de la Serena, Trujillo, Montijo, Miajadas, Montánchez, Valverde de Leganés, Valencia de Alcántara, Puebla de la Calzada, Talarrubias, Cabeza del Buey, Arroyo de la luz, Coria, Navalmoral de la Mata y en centros de Badajoz, Cáceres y Mérida. El caso más extremo se da en Montemolín, donde, por no aplicarse la normativa de conciertos, se cerró el centro público y, en la actualidad, la
localidad solo cuenta con un centro privado concertado.

Mientras tanto, PIDE explica que en los centros de titularidad pública, cada curso la administración suprime unidades públicas por mantener injustificadamente unidades concertadas, cuando no se alcanzan las ratios mínimas en unidades públicas se agrupan los cursos y, en algunas localidades, aun superándose las ratios máximas en las unidades públicas, no se desdoblan los grupos. Como ejemplo, pondremos los datos de la localidad de Badajoz:

• C.E.I.P. Arias Montano: Excede la ratio legal en 4º de primaria (79 alumnos en 3 unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 100 en 4 unidades y no 79 en 3 unidades.

• C.E.I.P. Luis de Morales: Excede la ratio legal en 6º de primaria (51 alumnos en 2 unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 75 en 3 unidades y no 51 en 2 unidades.

• C.E.I.P. Juan Vázquez: Excede la ratio legal en 4º de primaria (52 alumnos en unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 75 en 3 unidades y no 52 en 2 unidades.

• C.E.I.P. Los Glacis: Excede la ratio legal en 6º de primaria (51 alumnos en 2 unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 75 en 3 unidades y no 51 en 2 unidades.

• C.E.I.P. Enrique Segura Covarsí: Excede la ratio legal en 5º de primaria (51 alumnos en 2 unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 75 en 3 unidades y no 51 en 2 unidades.

• C.E.I.P. Puente Real: Excede la ratio legal en 6º de primaria (51 alumnos en 2 unidades), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 75 en 3 unidades y no 51 en 2 unidades.

• C.E.I.P. Ciudad de Badajoz: Excede la ratio legal en 2º de primaria (26 alumnos en 1 unidad), lo cual por ley debería tener una unidad más en el presente curso académico, de modo que las vacantes ofertadas para este curso deberían haber sido 50 en 2 unidades y no 26 en 1 unidad.

Por todo ello, desde el Sindicato PIDE denuncian que la renovación y ampliación de conciertos educativos que incumplen la normativa vigente, en un contexto de descenso demográfico y suficiencia de plazas públicas, supone un uso ilegal de los recursos públicos, debilita la red de centros de titularidad pública y vulnera el principio de igualdad de oportunidades.

Asimismo, señalan que no aceptan que se mantengan unidades concertadas con ratios mínimas incumplidas mientras se saturan aulas en colegios e institutos públicos o se suprimen sus unidades. Por ello, exigen a la Administración transparencia, rigor jurídico y planificación responsable: que aplique la ley sin excepciones, garantice el cumplimiento estricto de las ratios, proteja la estabilidad de las plantillas docentes y sitúe a la Educación Pública como eje central y prioritario del sistema educativo extremeño.