El presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado hoy en el Pleno de la Asamblea de Extremadura que la convalidación del Decreto-ley 1/2026 supone “un abuso” y un intento del Gobierno en funciones de “otorgarse más poder en sus últimos días”, a costa de debilitar los controles democráticos.

Durante su intervención, el dirigente socialista ha señalado directamente a Guardiola, como responsable de la situación política actual y ha asegurado que “adelantó elecciones y ha engordado a la ultraderecha, haciendo esta Asamblea más irrespirable”.

El portavoz socialista ha advertido de que Extremadura lleva “casi seis meses con la democracia secuestrada”, denunciando el bloqueo institucional y la falta de un Gobierno estable. En este contexto, ha acusado al Ejecutivo del Partido Popular de utilizar el decreto ley para “desmantelar cualquier tipo de control que garantice una transición limpia y neutral”.

“El decreto no responde a ninguna urgencia real; es un atropello”, ha afirmado, criticando además la tramitación exprés de la norma en apenas 48 horas, pese a las advertencias de la Abogacía General sobre su “fragilidad jurídica”, especialmente por el carácter urgente del procedimiento.

El presidente del Grupo Socialista también ha cargado contra la “falta de previsión” del Gobierno en funciones, especialmente en relación con la convocatoria de oposiciones docentes, recordando que se les advirtió en reiteradas ocasiones de su imposibilidad legal. “Han tenido dos años y medio para hacerlo y no lo hicieron”, ha reprochado.

Asimismo, ha subrayado que la situación actual es consecuencia directa de decisiones políticas: “La única que podía convocar elecciones era la presidenta, y por tanto también es responsable de las consecuencias”.

El dirigente socialista ha denunciado que el decreto genera una grave inseguridad jurídica, especialmente para los docentes, y ha cuestionado el tiempo que la región seguirá con un Gobierno en funciones. “¿Cuánto tiempo más nos van a tener así?”, ha remarcado.

Pese a la dureza de las críticas, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que no impedirá la convalidación del decreto ley “por responsabilidad”, aunque solicitará su tramitación como proyecto de ley para introducir garantías jurídicas.

“El PSOE no va a abandonar las instituciones. Vamos a quedarnos para defender la seguridad jurídica y la democracia en Extremadura frente a este abuso”, ha concluido.