El PSOE de Extremadura ha mostrado hoy su rechazo a las declaraciones realizadas en las últimas horas por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, en las que advierte de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud (SES) como consecuencia del proceso de regularización de alrededor de 3.000 personas migrantes en la región y que comenzó a tramitarse ayer 15 de abril.

Para los socialistas, estas palabras son indignas de una representante pública y constituyen un ejemplo más del desgobierno que Guardiola ha implantado en Extremadura. Añaden que la comunidad autónoma lleva cuatro meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre y más de seis meses bloqueada y paralizada, y que en ese contexto la Junta está lanzando mensajes alarmistas y carentes de rigor.

El PSOE de Extremadura considera que de las declaraciones de la consejera emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. En este sentido, critican que se traslade a la ciudadanía una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud.

Asimismo, los socialistas denuncian que estas manifestaciones pretenden desviar la atención de los preocupantes datos de listas de espera sanitaria recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad. Consideran indigno intentar maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales del sistema.

El PSOE de Extremadura se pregunta además qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola si considera que la incorporación al sistema de unas 3.000 personas puede provocar su colapso. En esa línea, plantean qué ocurrirá con proyectos industriales que están llamando a la puerta de la región, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata que prevé la llegada de unas 2.500 personas, y si la sanidad en Campo Arañuelo se vería afectada cuando esta industria sea una realidad.

Frente a esta visión, los socialistas defienden una postura responsable y constructiva. Subrayan que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya viven en Extremadura, y remarcan que se trata de ciudadanos y ciudadanas que desarrollarán su proyecto de vida en la región. Para el PSOE, estas 3.000 personas no representan un problema, sino una oportunidad, ya que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir más futuro para Extremadura.