UPA-UCE Extremadura se siente defraudada ante la ocasión que ha desperdiciado Europa para proteger al arroz, ya que considera que las cláusulas aprobadas ayer por el Parlamento Europeo son “totalmente ineficaces” y asegura que seguirán luchando en Bruselas para que se revisen las condiciones de importación del arroz que hunden los precios en España.

El Parlamento Europeo aprobó ayer con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, el llamado Sistema de Preferencias Generalizadas, un mecanismo comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos –excepto armas y municiones– con aranceles reducidos o cero durante la próxima década, con el objetivo de apoyar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. El resultado de esta votación ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz extremeños y españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar.

Desde UPA-UCE Extremadura muestran su oposición al resultado de la votación, pues se han rechazado las pretensiones de los países productores, como España, que exigían la aprobación de unas cláusulas de salvaguarda mucho más intensas, que sirvieran para proteger a los agricultores de una materia prima básica como es el arroz.

Esta organización agraria lamenta que los países no productores hayan actuado con una actitud egoísta, con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio. Esto se suma a una normativa de etiquetado que los productores rechazan, pues recuerdan: “Los consumidores no saben de dónde proviene el arroz que están comprando, pues no es obligatorio que se refleje en la etiqueta”.

Desde UPA-UCE advierten que seguirán luchando para lograr reformar este sistema en 2027, cuando se abrirá una ventana para revisarlo. “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión. Si creemos en una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, señalan desde UPA.

Cláusulas de salvaguarda dispares

El sistema aprobado ayer activará las cláusulas de salvaguardia para el arroz cuando haya un aumento del 45 % en las importaciones comparado con la media de una década. Esto supondrá que se activará a partir de las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, algo “inútil”, en opinión de UPA-UCE. “A partir de 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos en el mercado. Un mercado que, por otra parte, está sufriendo el encarecimiento de combustibles y fertilizantes derivado de la guerra en Irán”, señalan desde la organización agraria.

Se da la circunstancia de que estas cláusulas de salvaguardia difieren mucho de las aprobadas, por ejemplo, en el caso del Acuerdo UE-Mercosur, que se activan a partir de un 5% de variación de los precios. Aquí hablamos de un 45%, lo que da muestra de la desprotección que sufrirán los productores de arroz, que, por cierto, también verán incrementarse las importaciones desde Mercosur y desde Australia, que también contemplan aumentos de importaciones.

UPA-UCE Extremadura considera que en esta situación las industrias envasadoras de arroz están jugando de forma irresponsable, hundiendo el porvenir de los agricultores que les proporcionan las materias primas. “Exigimos al Gobierno que auspicie un plan de protección al sector productor de arroz español, cuyo futuro está en serio peligro por estas importaciones masivas a bajo precio y protegidas por cláusulas inútiles en la práctica y un etiquetado que oculta a los consumidores el origen del producto”, mantienen desde la organización agraria.

Valoración del nuevo consejero de Agricultura

Tras el nombramiento del nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Juan José García, UPA-UCE plantea algunos retos al nuevo equipo que conforme esta cartera.

Entre los deberes más urgentes, UPA-UCE Extremadura reclama al nuevo consejero de Agricultura una mayor interlocución con las organizaciones agrarias extremeñas para tomar decisiones que mejoren la situación de los agricultores y ganaderos de la región, así como que pongan ya en marcha las ayudas regionales por las borrascas que han estado paralizadas durante todo el tiempo que ha durado el gobierno en funciones.