La portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado hoy en el pleno de la Asamblea que la Junta de Extremadura ha decidido abandonar el convenio Cooperación Descentralizada con el Estado para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria, un instrumento que permitía articular respuestas rápidas y eficaces ante catástrofes internacionales como los terremotos que han asolado Venezuela.

Durante una pregunta dirigida al Gobierno sobre las medidas de ayuda que la Junta va a poner en marcha para colaborar con el pueblo venezolano tras esta tragedia, Gil Rosiña ha reprochado al Ejecutivo de Guardiola que haya renunciado a una herramienta fundamental de cooperación precisamente cuando miles de personas necesitan ayuda urgente.

La portavoz socialista ha comenzado su intervención trasladando la solidaridad del PSOE de Extremadura con las víctimas de los terremotos y reconociendo el trabajo de los equipos de emergencia desplegados sobre el terreno. En este sentido, ha destacado la labor de los bomberos de la Diputación de Badajoz que participan en las tareas de rescate gracias a su experiencia, preparación y acreditación internacional para intervenir en este tipo de catástrofes.

Gil Rosiña ha recordado que el Estado español activó desde el primer momento todos los mecanismos de respuesta a través del sistema europeo de Protección Civil, coordinando la actuación de las distintas administraciones para salvar vidas y atender la emergencia. Sin embargo, se preguntó qué papel va a desempeñar la Junta de Extremadura más allá de los gestos institucionales y las declaraciones de solidaridad. La portavoz socialista ha señalado que Extremadura tiene capacidad para contribuir no solo a la respuesta inmediata ante la emergencia, sino también a las labores de reconstrucción posteriores a través de la cooperación internacional al desarrollo, una política pública que, según ha denunciado, el Gobierno de Guardiola ha decidido desmantelar.

“Con la liquidación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo no desaparece únicamente una oficina o una línea presupuestaria, desaparecen la especialización, la memoria técnica y las relaciones construidas durante décadas con organizaciones e instituciones que permiten actuar antes, durante y después de una emergencia”, ha afirmado.

Además, Gil Rosiña ha denunciado que el Ejecutivo autonómico ha ido un paso más allá al abandonar acuerdos de colaboración con el Estado que servían para coordinar actuaciones humanitarias. En concreto, criticó la salida de Extremadura del convenio de actuación conjunta y coordinada entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, un instrumento que permitía canalizar respuestas de emergencia ante crisis humanitarias internacionales mediante una aportación anual de 100.000 euros por parte de la comunidad autónoma.

“¿Cómo se puede justificar esta salida? ¿Cómo se puede renunciar a una política de Estado como esta y después acudir a los minutos de silencio por las víctimas?”, ha preguntado preguntó la portavoz socialista.

Para evidenciar las prioridades del Gobierno regional, Gil Rosiña ha contrapuesto el coste de la cooperación humanitaria con otros gastos asumidos por el Ejecutivo autonómico. Así, ha anunciado que el acto de toma de posesión de la presidenta Guardiola tuvo un coste de 54.000 euros para apenas veinte minutos de ceremonia, a una media de 1.800 euros el minuto.

Por todo ello, el PSOE de Extremadura ha reclamado al Gobierno regional que rectifique de manera inmediata su política en materia de cooperación internacional. Los socialistas exigen la restitución de una política pública que consideran esencial para una comunidad autónoma solidaria y comprometida con los derechos humanos, así como la reincorporación de Extremadura al convenio de coordinación con el Gobierno de España para la acción humanitaria.

 

“Guardiola suprime el 68% de las enseñanzas de FP en el medio rural y eso es una forma de vaciar de jóvenes los pueblos”

Lara Garlito, portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, ha denunciado hoy en la sesión plenaria que “el gobierno de Guardiola ha suprimido en los últimos tres años el 68% de la oferta de enseñanzas de formación profesional en el medio rural y eso es una forma evidente de vaciar de jóvenes los pueblos de nuestra región”.

Así lo ha dicho en una pregunta oral el Gobierno en el pleno en la que ha abordado la política de la Junta en cuanto a las enseñanzas de formación profesional. Garlito ha denunciado que el Ejecutivo regional está castigando especialmente al mundo rural, concentrando las nuevas implantaciones en las ciudades mientras elimina enseñanzas en las comarcas con menor población.

Según ha explicado en su intervención, en los tres últimos cursos se han implantado 56 nuevas enseñanzas de FP en Extremadura. De ellas, 42 se han creado en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que representa el 75% del total, mientras que solo 14 (25%) han llegado a municipios de menos de 10.000 habitantes. En cambio, de las 25 enseñanzas de Formación Profesional suprimidas durante ese mismo periodo, 17 corresponden a municipios de menos de 10.000 habitantes, es decir, el 68% del total, frente a únicamente ocho eliminadas en localidades de mayor tamaño.

“Los datos hablan por sí solos. El 75% de las nuevas enseñanzas se crean en municipios grandes y el 68% de las supresiones se producen en los pueblos. No es un caso aislado, es una estrategia que asfixia al mundo rural”, ha afirmado la diputada socialista. Garlito ha recordado que esta política contradice el artículo 82 de la LOMLOE, que obliga a las administraciones educativas a impulsar una oferta diversificada de enseñanzas no obligatorias y de Formación Profesional en las zonas rurales para garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, ha criticado que la Junta aplique los mismos criterios mínimos de alumnado para mantener un ciclo en grandes ciudades que en pequeñas comarcas rurales, lo que, en su opinión, condena a desaparecer la oferta educativa en muchos municipios. La portavoz socialista también ha advertido de las consecuencias para los estudiantes, especialmente los de Grado Básico que se quedan sin continuidad formativa y obligados a realizar largos desplazamientos, así como de la incertidumbre que viven los docentes afectados por estas supresiones.

Como ejemplo, ha citado el caso de Valencia de Alcántara, donde la Junta ha eliminado un ciclo que contaba con alumnado suficiente y con empresas de la comarca interesadas en contratar a futuros titulados. “No han esperado ni dos años para evaluar su funcionamiento, no han hablado con los centros y ni siquiera han contemplado alternativas. Han preferido suprimir”, ha concluido.