El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado hoy en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para exigir a la Comunidad de Madrid que retire la obligación de estar empadronado en esa región para acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal, una medida que perjudica directamente a más de 3.000 jóvenes extremeños que cada año cursan estudios universitarios en Madrid.

El portavoz de Juventud del Grupo Socialista, Aitor Vaquerizo Morales, ha denunciado que la presidenta de la Junta “permanece callada” mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adopta una decisión que perjudica a miles de estudiantes extremeños y favorece el desarraigo de la juventud de la región. “Si el PSOE no hubiera puesto este asunto encima de la mesa, la Junta de Extremadura seguiría sin decir absolutamente nada. Guardiola vuelve a demostrar que antepone sus intereses dentro del Partido Popular a la defensa de los intereses de los extremeños”, ha afirmado Vaquerizo.

El diputado socialista ha explicado que la medida impuesta por la Comunidad de Madrid obliga a los estudiantes que utilizan habitualmente el transporte público a elegir entre empadronarse en Madrid o asumir un importante sobrecoste económico, que puede alcanzar entre 300 y 400 euros al mes para muchas familias.

“Estamos hablando de jóvenes que estudian fuera porque en Extremadura no existe la titulación que desean cursar. No se les puede obligar a cambiar su empadronamiento para acceder a un servicio básico ni castigar económicamente a quienes mantienen su vínculo con Extremadura”, ha señalado. En este sentido, Vaquerizo ha preguntado a Guardiola si considera aceptable que una decisión del Gobierno madrileño contribuya a que Extremadura pierda cada año a miles de jóvenes. “¿Este es el arraigo del que tanto habla el Partido Popular? ¿Consiste en permitir que Ayuso nos robe 3.000 jóvenes cada año sin mover un dedo?”, ha cuestionado.

La propuesta registrada por el Grupo Socialista insta a la Comunidad de Madrid a revisar la medida para eliminar el requisito del empadronamiento, abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Extremadura, y garantizar el acceso al transporte público en condiciones de igualdad para todas las personas que necesiten utilizar habitualmente la red madrileña, con independencia de su lugar de residencia.

Además, el Grupo Socialista ha reclamado a la Junta de Extremadura que abandone su pasividad y actúe en defensa de los jóvenes extremeños. “La obligación de un gobierno autonómico es proteger los derechos de sus ciudadanos, no guardar silencio cuando una decisión de otra comunidad les perjudica. Guardiola debe exigir a Ayuso que rectifique y defender a las familias extremeñas que van a soportar un nuevo coste por esta medida”, ha concluido Vaquerizo.