CCOO de Industria de Extremadura indica que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear de avalando la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 supone que se abre la posibilidad a que haya un margen de tiempo que evite decisiones inmediatas y se realice una reflexión seria sobre cómo garantizar el empleo en el futuro.

Es preocupante que mientras el debate público continúa centrado en el “sí” o el “no” al cierre, nadie está impulsando con la urgencia necesaria una estrategia real que garantice el empleo y el futuro industrial de la comarca. El horizonte de 2030 está demasiado cerca como para perder un solo día más.

CCOO lleva años defendiendo que el verdadero problema no es únicamente cuándo cierra la central, sino qué va a ocurrir al día siguiente con miles de personas trabajadoras, con las empresas auxiliares y con toda una comarca cuya economía depende en gran medida de esta instalación.

Se deben adoptar compromisos con plazos concretos, inversiones reales y garantías para el empleo.

CCOO exige tanto al Gobierno de España como a la Junta de Extremadura y a las empresas propietarias de la Central que asuman de una vez por todas su responsabilidad institucional y dejen de utilizar el futuro de Almaraz como un elemento de confrontación política. Las personas trabajadoras necesitan certezas, no debates estériles ni declaraciones de cara a la opinión pública.

Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz tampoco pueden permanecer al margen. Si existe un horizonte temporal definido, tienen la obligación de implicarse activamente en la planificación del futuro, colaborando en la búsqueda de soluciones que permitan mantener el empleo, favorecer la reindustrialización y minimizar el impacto económico y social que pueda producirse.

Desde CCOO Industria Extremadura reclamamos la constitución inmediata de una Mesa para la Transición Justa de Almaraz, con capacidad real de decisión y en la que estén presentes el Gobierno, la Junta de Extremadura, las empresas propietarias, los ayuntamientos de la zona; y los agentes sociales y económicos.

Es imprescindible comenzar de inmediato a diseñar un plan que contemple la reindustrialización de Campo Arañuelo y de las comarcas afectadas y la implantación de nuevas actividades industriales capaces de generar empleo estable y de calidad.

También se tiene que establecer cómo proteger del empleo directo e indirecto vinculado a la central y la continuidad de las empresas auxiliares.

Para ello es fundamental poner en marcha planes de formación y recualificación profesional para las personas trabajadoras y prever inversiones públicas y privadas que permitan sustituir progresivamente la actividad económica que hoy genera la central.

El mayor riesgo ya no es únicamente el posible cierre de la central; el mayor riesgo es llegar a esa fecha sin haber construido una alternativa económica e industrial para la comarca. No se puede permitir que se repita lo ocurrido en otros territorios donde los cierres llegaron antes que las soluciones. Extremadura no puede volver a pagar el precio de la improvisación.