En estos días estamos viendo cómo los incendios arrasan con miles de hectáreas en varias comunidades autónomas, poniendo en peligro la vida de muchas personas, y desde UPA-UCE lamentan que todavía no se hayan tomado decisiones para solventar este problema.

Esta organización agraria reclama a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que establezca una mesa de seguimiento
para que se cuente con los agricultores y ganaderos a la hora de elaborar las políticas de prevención.

UPA-UCE Extremadura se ha reunido hoy en Coria con representantes de Asomanca, la asociación de olivareros de manzanilla cacereña, para abordar las conclusiones del informe técnico elaborado por la Universidad de Extremadura que valora el servicio de prevención de los incendios prestado por los olivares de montaña del norte de Cáceres.

Ambas partes defienden que el olivar tradicional genera riqueza y empleo en el norte de Cáceres, donde ya se ha comprobado que se han frenado los incendios gracias al olivar. “Se trata de un cultivo muy social y que está en zonas que no tienen otras alternativas. No se entendería el paisaje sin el olivar, pero está en serio peligro por el cambio climático y la competencia del olivar superintensivo” mantiene el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

Esta organización agraria señala que el olivar tradicional es el mejor cortafuegos natural contra los incendios, pero cada día tiene una peor
situación. “Estamos viendo el elevado coste económico de apagar los incendios”, mantienen.

Por eso, reclaman que las administraciones tengan en cuenta estos beneficios para arbitrar medidas que ayuden a garantizar la continuidad
de este tipo de olivar. Asimismo, que dentro de la nueva PAC se aumente el presupuesto en la ayuda asociada al olivar transicional, que ahora está en 29 millones de euros, pero es claramente insuficiente para apoyar a los productores de la zona. Esta organización agraria reclama una ayuda mayor por hectárea y que se permita integrar mayor superficie.

Además, también reclaman una medida a través de los fondos de desarrollo rural que nosotros llamamos el Contrato territorial de explotación, que consiste en que se establezca un apoyo específico para los agricultores que están viviendo en esta zona por la especial dificultad que tienen para desarrollar su actividad, tan necesaria para el conjunto de la sociedad.