La portavoz de Dependencia del Grupo Parlamentario Socialista, Judit Olivares, ha acusado a la Junta de Extremadura de improvisar la cobertura de las vacaciones estivales en las residencias de mayores dependientes del SEPAD y de hacer recaer sobre las trabajadoras las consecuencias de una gestión deficiente de los recursos humanos.

“La humanidad y el compromiso de las trabajadoras no pueden seguir siendo el sustituto de la responsabilidad de la Administración”, ha afirmado.

Durante su intervención en la Comisión de Salud de Asamblea de Extremadura, Olivares ha cuestionado la planificación del Gobierno autonómico y ha advertido de que las reivindicaciones de las profesionales evidencian un problema persistente de falta de personal, sobrecarga de trabajo y desgaste de las plantillas. Una situación que, según ha explicado, se traduce en bajas y vacaciones sin cubrir, turnos doblados y jornadas de trabajo en días de descanso para mantener la atención a las personas residentes.

“No se puede construir el funcionamiento de un servicio público sobre el sacrificio permanente de sus profesionales”, ha defendido la diputada socialista, que ha recordado que muchas trabajadoras realizan un esfuerzo extraordinario por compromiso con su profesión y por humanidad hacia las personas mayores a las que atienden. Sin embargo, ha advertido de que esa implicación no puede servir de excusa para que la Administración eluda sus obligaciones.

Olivares ha señalado que esta falta de planificación perjudica tanto a las profesionales como a las personas residentes, especialmente vulnerables y con necesidades de atención específicas. La sobrecarga de las plantillas, ha explicado, puede agravar el desgaste físico y laboral de las trabajadoras y generar un círculo de nuevas bajas y mayores dificultades para prestar una atención adecuada, digna y segura.

A estas dificultades se sumó, a principios del verano, la incidencia de la plataforma SIRUS, que generó incertidumbre sobre el cobro íntegro de las nóminas. Olivares ha recordado que esa situación tuvo un impacto especialmente importante para trabajadoras con salarios ajustados, que tuvieron que afrontar esa preocupación mientras seguían sosteniendo el funcionamiento de los centros.

Olivares ha mostrado en los propios documentos de la Administración para cuestionar las reiteradas afirmaciones del Gobierno sobre la anticipación y la planificación. Como ejemplo, ha señalado una convocatoria extraordinaria al SEXPE para cubrir vacantes de auxiliares de enfermería, firmada el 29 de junio, apenas dos días antes del comienzo de julio.

“¿De verdad consideran que esto refleja una planificación adecuada? ¿No sabían que las vacaciones llegan en verano?”, ha preguntado Olivares, quien ha contrapuesto esa convocatoria de última hora con la necesidad de organizar las sustituciones con suficiente antelación, antes de que las ausencias se produzcan y las plantillas se encuentren ya bajo mínimos.

La diputada socialista ha subrayado que la Administración conoce con meses de antelación los periodos vacacionales y las necesidades de personal de las residencias, por lo que ha considerado injustificable que se siga recurriendo a ofertas extraordinarias y a llamamientos de bolsas de trabajo que todavía no están resueltas para cubrir las necesidades de los centros.

A su juicio,  “una Administración responsable debe organizar las sustituciones antes de que se produzcan las ausencias, no cuando las plantillas están ya bajo mínimos”, ha señalado.

Olivares ha insistido en que no se trata de un problema menor ni de una cuestión que pueda resolverse apelando a la buena voluntad de las trabajadoras. “Estamos hablando de personas mayores, de personas especialmente vulnerables, que tienen derecho a recibir una atención digna y segura, y de profesionales que tienen derecho a descansar sin que ese descanso se convierta en un problema para el funcionamiento de los centros”.

Por ello, ha reclamado a la Junta que abandone la improvisación, planifique las sustituciones, contrate al personal necesario y dote a las residencias públicas de los recursos humanos suficientes para garantizar su funcionamiento.

“Las residencias públicas no pueden funcionar permanentemente al límite, ni la atención a nuestros mayores puede depender de que sus trabajadoras renuncien a su descanso. La responsabilidad de garantizar el servicio es de la Administración. Menos discurso y más planificación, más contrataciones y más recursos para cuidar a quienes más lo necesitan”, ha concluido.