MANIFIESTO POR UNA RESIDENCIA DIGNA
Concentración del 8 de noviembre de 2026
Vecinas y vecinos de Zafra:
Nos concentramos hoy para reclamar algo tan elemental como una atención digna, segura y de calidad para las personas que viven en la Residencia José González Barrero.
Desde la Plataforma para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, con Discapacidad y Vulnerables de Zafra, llevamos más de un año y medio denunciando sus carencias, reclamando soluciones y esperando respuestas que se traduzcan en hechos.
Más de un año y medio después, seguimos teniendo que salir a la calle para recordar a las administraciones sus obligaciones.
La primera es garantizar una plantilla suficiente.
La falta de personal provoca situaciones insostenibles. La atención a personas que necesitan ayuda en su vida cotidiana requiere tiempo, medios y profesionales suficientes. No puede depender permanentemente del sobreesfuerzo de quienes trabajan en la residencia.
Nuestra denuncia no se dirige contra esos trabajadores y trabajadoras. Reclamamos que puedan desempeñar su labor en condiciones adecuadas y que los residentes reciban la atención que necesitan y merecen.
La segunda es garantizar una dirección estable y con dedicación exclusiva.
Llevamos más de cuatro años sin que se cubra de forma estable la plaza de dirección. Se nombró director interino a un enfermero que debía compaginar ambas funciones y que, desde hace meses, se encuentra de permiso por paternidad sin haber sido sustituido en la dirección.
La responsabilidad de cubrir su ausencia corresponde a la administración. Una residencia no puede permanecer durante meses sin dirección.
Exigimos una sustitución inmediata y la cobertura estable de la plaza, con dedicación exclusiva, para coordinar al personal, organizar el servicio y velar por una atención de calidad y por el cumplimiento de la normativa.
La tercera es garantizar la seguridad.
Nos preocupa profundamente el procedimiento de evacuación que se nos ha trasladado: retirar la baranda de un balcón y utilizar una grúa para bajar por allí a los residentes. Vivir para ver.
¿Se imaginan un simulacro de evacuación en estas condiciones? ¿Se imaginan bajando por un balcón, con una grúa, a personas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida o un alto grado de dependencia? Si resulta tan difícil imaginarlo en un ejercicio programado, ¿cómo pretenden garantizarlo en una emergencia real?
Exigimos un plan de evacuación actualizado, técnicamente validado y viable, con medios disponibles y personal formado. Reclamamos también un simulacro al menos una vez al año, que permita comprobar que el procedimiento funciona y corregir sus deficiencias. La seguridad de los residentes exige un plan que pueda llevarse a la práctica con rapidez y garantías. Sus familias y la ciudadanía merecen una explicación clara y documentada de cómo se les protegería ante una emergencia.
La cuarta es gestionar con previsión y responsabilidad.
Una residencia necesita una planificación seria de sus gastos: para adquirir materiales de reposición, garantizar los suministros cotidianos y abordar las actuaciones de mantenimiento antes de que los problemas se agraven.
No se puede gestionar un servicio de estas características a base de improvisaciones, parches y respuestas tardías.
Exigimos un presupuesto suficiente, una programación del mantenimiento y un seguimiento público de las actuaciones pendientes. Queremos saber qué se va a hacer, con qué recursos y en qué plazos.
La quinta es aclarar y asumir las responsabilidades de cada administración.
Cuando tomó posesión la actual corporación municipal, existía un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zafra y la Junta de Extremadura. El gobierno municipal sostuvo que aquel convenio estaba obsoleto y que no le obligaba en los términos que se reclamaban.
Nuestra pregunta es sencilla: si consideraban que aquel convenio no servía, ¿por qué, transcurridos ya más de tres años de mandato, no han elaborado y firmado uno nuevo?
Cuestionar el instrumento existente no resuelve las necesidades de la residencia. Gobernar exige ofrecer una alternativa y trabajar para hacerla realidad.
Reclamamos al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura que acuerden un marco de colaboración claro, con financiación, compromisos concretos y responsabilidades definidas. Los residentes no pueden seguir atrapados en un intercambio de reproches entre administraciones.
Exigimos también transparencia sobre las actuaciones de la Inspección del SEPAD y la respuesta del Ayuntamiento.
En 2025, el entonces grupo «Por una residencia digna» presentó un escrito ante la Inspección del SEPAD denunciando la situación de la residencia.
Según la información de la que disponemos, aquella denuncia dio lugar a una visita de inspección y a posteriores requerimientos al Ayuntamiento para que adoptara medidas correctoras. Sin embargo, esos requerimientos no habrían sido atendidos ni contestados, lo que habría motivado la apertura de un expediente sancionador cuyo resultado seguimos sin conocer.
Exigimos que se aclare qué medidas requirió la Inspección, cuáles se han cumplido y en qué situación se encuentra ese expediente. Los residentes, sus familias y la ciudadanía tienen derecho a conocer qué se ha hecho para corregir las deficiencias detectadas.
Reclamamos también que se hagan públicos, con las garantías de protección de datos que correspondan, los informes de los servicios jurídicos municipales sobre la residencia. Si existen obstáculos legales que dificultan su gestión, queremos conocer cuáles son, qué soluciones se han propuesto y qué actuaciones ha emprendido el Ayuntamiento para resolverlos.
Se nos señala, además, que otras nueve residencias de Extremadura cuentan con un sistema de gestión compartida semejante al de Zafra. Si es así, ¿por qué otras residencias con un sistema de gestión similar funcionan sin los obstáculos jurídicos que alega el Ayuntamiento de Zafra?
Invocar dificultades jurídicas exige explicarlas y trabajar para superarlas. No puede convertirse en una justificación permanente para que los problemas continúen.
Queremos documentación, explicaciones y soluciones. La transparencia también forma parte de una gestión responsable.
Y la sexta es resolver, de una vez, la situación del ascensor.
Desde el 12 de marzo de 2024 han pasado más de dos años y medio y el ascensor sigue sin sustituirse.
Más de dos años y medio, se dice muy pronto.
Argumenten lo que argumenten, esta demora es inadmisible en una residencia de personas mayores. La accesibilidad forma parte de una atención digna y resulta esencial para la autonomía y la vida cotidiana de quienes viven allí.
Exigimos una solución definitiva y un calendario público de ejecución. Una fecha concreta y un compromiso que se cumpla.
Después de tanto tiempo, tenemos derecho a preguntarnos qué debemos pensar de unos responsables municipales que mantienen esta situación mientras ofrecen explicaciones vagas y atribuyen a otros la responsabilidad de lo que sigue sin resolverse.
Si faltan recursos, hay que reclamarlos. Si existen obstáculos administrativos, hay que trabajar para superarlos. Si es necesaria la colaboración de la Junta, hay que exigirla y concretarla.
Eso es asumir la responsabilidad de gobernar.
La paciencia de las familias, de los residentes, de los trabajadores y de esta plataforma no puede utilizarse como excusa para prolongar indefinidamente los problemas.
Por eso pedimos respuestas públicas, compromisos verificables y plazos de cumplimiento. Y reclamamos que se escuche a quienes viven en la residencia, a sus familias y a sus profesionales.
Esta reivindicación nos concierne a todos. La manera en que cuidamos a las personas mayores expresa qué clase de ciudad somos y qué valor damos a la dignidad humana.
Quienes hoy necesitan cuidados han trabajado, han sostenido familias y han contribuido a construir nuestra sociedad. Tienen derechos que las administraciones están obligadas a garantizar.
Seguiremos reclamando, proponiendo y movilizándonos hasta que las soluciones lleguen.
Por una plantilla suficiente.
Por una dirección estable y con dedicación exclusiva.
Por una evacuación segura.
Por una gestión seria y un mantenimiento adecuado.
Por un convenio con compromisos efectivos.
Por la sustitución del ascensor sin más demoras.
Por respeto a nuestros mayores.
Por responsabilidad pública.
Por una residencia digna.
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