Más de 30 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Extremadura han participado en un simulacro de votación celebrado en Badajoz, a pocos días de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, organizado por la Delegación del Gobierno en Extremadura. El objetivo es que estas personas puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías, conociendo cada paso del proceso antes de llegar a su colegio electoral.
Las personas participantes de Fundación Magdalena Moriche, Nuestra Señora de la Luz y Plena inclusión Olivenza se han encontrado con un colegio electoral reproducido al detalle, con mesa, urna, cabinas, papeletas, listado del censo e integrantes de la mesa. Así han podido practicar cada momento de la jornada: identificarse, elegir la papeleta en la cabina, introducirla en el sobre y depositar el voto en la urna. Sebastián González, gerente de Plena inclusión Extremadura, y María Teresa Macías, delegada del Gobierno en Extremadura, han acompañado a los participantes durante el simulacro.
González ha recordado que, desde 2019, todas las personas con discapacidad intelectual pueden votar, y que el objetivo del simulacro es que sepan qué se van a encontrar al llegar al colegio electoral, sea o no la primera vez. «Votar es un proceso complejo que practicamos cada tres o cuatro años, y a todos nos cuesta buscarnos en el censo o entender las letras. Para las personas con discapacidad intelectual puede ser tan complejo o más, y entrenarlo poco a poco lo facilita. El derecho existe, pero hay que facilitarlo», ha señalado.
Señales accesibles en los colegios electorales de toda España
Para estas elecciones, Plena inclusión España ha renovado la señalización accesible de los colegios electorales, dentro del convenio de colaboración que mantiene con el Ministerio del Interior desde 2021. Plena inclusión Extremadura y la OACEX han trabajado en este proyecto desde el principio: han rediseñado los elementos de señalización y han actualizado tanto la Guía para señalizar los colegios electorales como el Manual para participar en una mesa electoral en lectura fácil.
Entre las novedades, hay señales que explican los pasos para votar dentro de las cabinas. Todas están disponibles en castellano y en versiones bilingües en las lenguas cooficiales. El Ministerio del Interior las imprimirá y distribuirá en los 155 municipios de más de 50.000 habitantes, que en Extremadura son Badajoz, Cáceres y Mérida. El resto de los ayuntamientos pueden descargarlas e imprimirlas desde la web oficial de las elecciones, el espacio de referencia para todos estos materiales. También se podrán consultar en la plataforma Mi voto cuenta.
Esta señalización no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También ayuda a las personas mayores, a quienes tienen dificultades de lectura y a quienes votan por primera vez. En Extremadura, estas personas suponen una de cada tres, más de 350.000.
Una trayectoria que empezó en 2019 en Extremadura
Extremadura lleva años trabajando para que las elecciones sean accesibles. En abril de 2019 se celebraron los primeros simulacros de votación en Badajoz y Cáceres, antes de las Elecciones Generales del 28 de abril, las primeras en las que estas personas pudieron votar tras recuperar ese derecho. En las Elecciones Generales del 10 de noviembre de ese mismo año, Extremadura fue, junto a Melilla, el único territorio donde todos los colegios electorales contaron con señalización accesible, en una experiencia impulsada por Plena inclusión que llegó a sus 900 colegios. En las Elecciones Autonómicas y Municipales de 2023, la Delegación del Gobierno y la OACEX elaboraron una nueva cartelería de fácil comprensión para todos los colegios electorales de la región.
Mi voto cuenta
Estas acciones forman parte de la campaña ‘Mi voto cuenta’ de Plena inclusión, que busca acercar el voto a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Un derecho que muchas de ellas recuperaron hace apenas ocho años: la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), publicada en el BOE el 6 de diciembre de 2018, lo devolvió a unas 100.000 personas en España, más de 4.000 de ellas en Extremadura. Con esta reforma, la legislación española se adaptó a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 29 reconoce a estas personas la participación plena en la vida política y pública.

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