Tras comprobar que la normalización del sistema, la agilización en la tramitación de expedientes y la mayor cobertura que representa la actual normativa reguladora de la Renta Básica -que reconoce un periodo de 12 meses frente a los 6 previstos anteriormente- ha reducido hasta en un 75% el número de solicitudes presentadas por convocatoria y la carga de gestión en la mayoría de ayuntamientos y mancomunidades, resulta innecesario establecer nuevas ayudas a la contratación de trabajadores sociales como apoyo a las dotaciones de los Servicios Sociales de Base para hacer frente a la situación existente hace unos meses.

En este sentido, la contratación con carácter extraordinario de estos trabajadores por los ayuntamientos y las mancomunidades de nuestra comunidad, obedeció en su día a la implantación del nuevo modelo de gestión de la renta básica a través de un sistema informático que buscaba, como así ha sucedido, la simplificación en la tramitación a través de la eliminación de gran parte de la documentación anteriormente requerida.

Así, la reducción en el número de solicitudes que se han recibido en función de las distintas convocatorias abiertas es más que evidente en municipios como Mérida, donde se ha pasado de las 1.857 solicitudes registradas en la convocatoria de 2013, a las 313 en la primera convocatoria de 2015 que acaba de terminar; la Mancomunidad de Tajo Salor, donde se ha pasado de las 636 a las 139 solicitudes en el mismo período o en Malpartida de Plasencia, localidad en la que se han registrado 8 solicitudes en la última convocatoria frente a las 43 de la primera que se abrió, tras aprobarse la ley en 2013.

Estos son sólo tres ejemplos significativos de lo que se viene reproduciendo en el resto de municipios y mancomunidades o agrupaciones de municipios.